CCOO de Castilla y León | 25 abril 2024.

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2017-04-06

CCOO, UGT y Avecal critican a la Junta por no hacer nada contra las gasolineras sin trabajadores

    Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como la patronal del sector, la Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (Avecal),han criticado la “dejadez” de la Junta de Castilla y León a la hora de hacer cumplir la reforma del Estatuto del Consumidor que aprobaron las Cortes Regionales. Según ésta, todas las estaciones de servicio deben contar, al menos, con un/a trabajador/a para atenderlas. Debido a esta situación, los representantes sindicales y de la patronal han amenazado con llevar a cabo movilizaciones en caso de que el Ejecutivo regional no garantice el respeto a la normativa vigente.

    06/04/2017.

    Así lo han advertido en una rueda de prensa ofrecida durante la mañana de ayer miércoles día 5 de abril en la sede del Consejo Económico y Social de la Comunidad los representantes de estas tres organizaciones: Gonzalo Díez Piñeles (responsable de CCOO de Industria de Castilla y león), Miguel Ángel Fierro (secretario autonómico de FICA-UGT) y Rafael Pizarro (vicepresidente y portavoz de Avecal). Junto a ellos estuvieron los secretarios generales de CCOO (Ángel Hernández), UGT (Faustino Temprano) y Cecale (Santiago Aparicio).

    Los representantes de las tres organizaciones afectadas han cifrado en medio millar los empleos que se han dejado de generar en el sector por la apertura de 120 de estas gasolineras desatendidas, mientras que en el conjunto nacional han estimado en 2.700 los puestos de trabajo perdidos entre 2015 y 2016 por la instalación de estos establecimientos, conocidos popularmente como “gasolineras low-cost”.

    El secretario general de CCOO de Industria en la región, Gonzalo Díez, ha advertido de que los sindicatos iniciarán movilizaciones si en un plazo “razonable” no reciben respuesta a la carta enviada recientemente al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el pasado 23 de marzo, en la que exigen el cumplimiento inmediato de la ley. Además de estas organizaciones, también se ha sumado a esta carta una plataforma con consumidores y asociaciones de discapacitados. Recurrieron al presidente tras mantener una reunión el pasado mes de febrero con la directora general de Consumo, a la que exigieron que velase por los intereses de los consumidores e hiciese cumplir la legislación aprobada el 5 de octubre en las Cortes (se publicó el 14 de ese mes en el Bocyl), que modificaba el Estatuto de los Consumidores de Castilla y León del año 95. Una regulación que obligaba a estos establecimientos a tener al menos una trabajador responsable en atención al cliente, y establecía tres meses de adaptación, con lo que se hizo efectiva el 25 de enero de 2017.

    La plataforma reclamó a Consumo una campaña específica para hacer cumplir la normativa, con la implementación de las sanciones graves que acarrea el incumplimiento de la ley. Tras esta solicitud, decidieron acudir también el pasado día 9 de marzo a los delegados territoriales de la Junta en cada provincia, a los que remitieron una comunicación en la que les trasladaron que estaban detectando falta de cumplimiento de la norma.

    Estas movilizaciones podrían llegar incluso a jornadas de paros, algo que contaría con el apoyo de los propios empresarios, según ha señalado el vicepresidente y portavoz de Avecal, Rafael Pizarro, quien considera que los sindicatos tienen, en este caso, “razones más que de sobra para ir a la huelga”.

    Nuestro compañero Díez Piñeles ha añadido, además, de la dificultad para que en estas gasolineras desatendidas se cumplan las medidas de seguridad exigidas en cualquier estación de servicio, ya que “no hay nadie para comprobar que el cliente que se sirva en un bidón lo haga en un homologado según dicta la ley, que no se fume ni se hable por el móvil, y que se reposte con el motor y las luces apagadas”.

    Asimismo, éste ha apuntado que al no haber personal que las atienda, las inspecciones para comprobar que no hay fraude en los dispensadores “deben anunciarse previamente”, lo que a su juicio anula el objeto de las mismas. Díez recordó que estas gasolineras inculcan los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, de los discapacitados; ponen en riesgo las zonas donde se establecen; no garantizan la seguridad, ni los litros que se echan, porque los inspectores tienen que llamar antes de ir; el ciudadano se puede quedar sin tarjeta si se la traga una máquina sin que nadie le atienda, e impulsan el dumping empresarial, ya que según un estudio, “cada estación de este tipo provoca el cierre de otras tres en un entorno de 20 kilómetros”.

    Por su parte, Rafael Pizarro ha subrayado que se trata de una cuestión de protección al consumidor, pues en las estaciones de servicio se vende un producto altamente tóxico y peligroso, por lo que ha advertido del riesgo de tener que lamentar un accidente algún día en este tipo de gasolineras. Por todo ello, el portavoz de Avecal se ha negado a considerar empresarios a los promotores de estas estaciones de servicio, sino “inversionistas, pues no generan empleo, sólo instalan la máquina y recogen los beneficios”.

    En cuanto a la situación de las cooperativas agrarias que cuentan con sus propios dispensadores automáticos de combustible para sus socios, el vicepresidente de Avecal ha advertido de que éstas deben cumplir la ley como cualquier ciudadano y les ha recordado que están muy bien tratadas por la Administración.

    Según han explicado, Castilla y León cuenta con cerca de 900 estaciones de servicio que dan empleo a unos/as 2.500 trabajadores/as, de las que sólo 150 carecen de personal.

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