CCOO de Castilla y León | 19 abril 2024.

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2017-05-09

CCOO denuncia las graves deficiencias en materia preventiva dentro la Administración de Justicia en Valladolid

    Comisiones Obreras de Castilla y León, a través del Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quiere denunciarlos graves problemas en materia de prevención de riesgos laborales que está sufriendo la Administración de Justicia en la provincia de Valladolid. Todo ello por la desidia y falta de interés del máximo responsable de la unidad administrativa que lo gestiona.Dentro del Comité de Seguridad y Salud Laboral de este ámbito llevamos un año solicitando y exigiendo que se lleven a cabo determinadas actuaciones en esta materia de prevención de riesgos laborales, que por dejadez de su máximo responsable no se están realizando. Este proceder está perjudicando seriamente al conjunto de los/as trabajadores/as de la Justicia de Valladolid, así como a los/as ciudadanos/as que acuden a las sedes judiciales.

    09/05/2017.
    Escaleras paara acceder a los Juzgados de Medina del Campo.

    Escaleras paara acceder a los Juzgados de Medina del Campo.

    Desde CCOO-Justicia de Valladolid acudiremos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a la propia Fiscalía, si estas cuestiones no se solucionan en un corto plazo de tiempo. “Queremos seguridad para los/as trabajadores/as en los edificios judiciales, así como para los/as ciudadanos/as que acuden a diario a los mismos. Queremos una seguridad efectiva y no en pañales. Queremos soluciones ya señor Gerente y no más excusas”, subrayan.

    “Vamos a relatar alguna de las deficiencias más flagrantes que en estos momentos tenemos en las instalaciones de la Administración de Justicia en la provincia vallisoletana, pero raro es el edificio que no tiene algún problema en materia preventiva”, relatan nuestros/as compañeros/as del Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

    La capital, deficiencias múltiples

    Los problemas se dan tanto en Valladolid como en el resto de los juzgados del territorio provincial. En el edificio judicial sito en la calle Nicolás Salmerón nº 5, que alberga un total de trece juzgados, existen problemas continuos de electricidad estática (acumulación de cargas electrostáticas) que sufren directamente los/as trabajadores/as destinados/as en el mismo. “Lo peor de todo ello es que no se le da una solución por parte del gerente de Justicia, ni tampoco por parte del propietario del inmueble, a pesar del millón de euros anuales que se paga por su alquiler”, remarcan nuestros/as compañeros/as.

    Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, solo se han realizado las evacuaciones y simulacros de los edificios judiciales en una ocasión, y solo en dos de las nueves sedes judiciales que existen en la provincia de Valladolid. La norma dice bien a las claras que este tipo de acciones preventivas cuando deberían realizarse todos los años y en todas las sedes de Justicia.

    El gerente no quiere instalar desfibriladores en ninguna de las sedes judiciales. Por poner un ejemplo de su necesidad, al edificio judicial de la calle Angustias, 40-44 acuden una media de 1.000 ciudadanos/as todos los días, a los que hay que sumar los 250 funcionarios que trabajan en ella, más los abogados y los procuradores que acuden cada día los juzgados. “Los argumentos de este señor para no instalarlos son peregrinos. Simplemente no existe voluntad de hacerlo, cuando desde otras administraciones se está fomentando la instalación de los mismos por motivos de seguridad preventiva. Es de esperar que no ocurra nada y no nos tengamos que lamentar de su ausencia”, remarcan desde el Sector de Justicia.

    Las instalaciones de la provincia no van a la zaga

    Las instalaciones judiciales de la provincia tampoco salen bien paradas. El edificio judicial donde se ubican los Juzgados de Medina del Campo está en una situación lamentable. Aquí, los/as ciudadanos/as que cuentan con algún tipo de limitación de movilidad tienen que salvar cinco escalones para poder acceder a la planta baja. Y si esto fuera poco, si tienen que subir al primer piso para acudir a la sala de vistas deben salvar más de una veintena de escalones. En ningún caso existe plataforma elevadora alguna o ascensor que ayude a superar estos desniveles.

    Así mismo, el edificio judicial que alberga el Juzgado de Medina de Rioseco carece de personal de seguridad. A pesar de las advertencias realizadas sobre altercados producidos en él, el gerente indica que no hay dinero para ello, ni tampoco para poder instalar cámaras de seguridad.

    En el pleno de la Diputación Provincial de Valladolid de fecha 17.02.2017 fue tratado el asunto de la accesibilidad de estos juzgados, mediante una proposición conjunta de los portavoces de los cinco grupos políticos integrantes de la corporación provincial, aprobada por unanimidad, instando al ministerio de Justicia a que se tomen las medidas necesarias. ‘Han transcurrido casi tres meses de este acuerdo y los problemas persisten. La verdad, la actitud del gerente y del resto de la cúpula de Justicia en Valladolid es deleznable”, demandan nuestros/as compañeros/as del Sector de Justicia de CCOO.

    En otro orden cosas, en las próximas semanas se va a producir el traslado del Instituto de Medicina Legala unas instalaciones sitas en la calle Doctor Cazalla, 3, sin que los/as delegados/as de prevención hayan podido supervisar las mismas, conforme exige la normativa vigente, y todo ello a pesar de las numerosas peticiones realizadas por este colectivo.

    Las nuevas tecnologías traen de cabeza a los/as trabajadores/as de Justica

    La implantación de las nuevas tecnologías en el seno de la Administración de Justicia, lo que se ha vendido vendiendo por parte por el Ministerio de Justicia como "Justicia Digital-Papel Cero" está conllevando un cambio radical de las condiciones de trabajo. Todo lo que entra en papel se debe escanear, sí o sí, y lo que entra telemáticamente se imprime en buena parte (doble vía de trabajo), con cuelgues constantes en las aplicaciones informáticas judiciales. Esto da como resultado mucho más tiempo en realizar menos trabajo, generando unas condiciones laborales insoportables para muchos/as compañeros/as y un retraso en la tramitación de la gran parte de los asuntos. Esta situación obliga a la propia Administración de Justicia a realizar una evaluación de los puestos tipo de trabajo, que incluye una evaluación de los riesgos psicosociales, las cuales no se están realizando.

    Esta relación de situaciones descritas en los párrafos anteriores son sólo unos pocos ejemplos del incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales por parte del Ministerio de Justicia, cuando la propia Administración debería dar ejemplo, para trasladarlo a la empresa privada, a la que se le sanciona si no cumple con ella.

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