El secretario general de CCOO exige un pacto fiscal antes de las elecciones de 2019 y un gran impulso a ADE Rural como elemento clave para acabar con los desequilibrios territoriales

D.R. / Ical

Vicente Andrés (Valladolid, 1963) cumple cinco meses al frente de CCOO “con fuerza, ilusión y mucho” trabajo. Conoce el sindicato como la palma de su mano (entró en 1978) pero asume que los comienzos en una nueva responsabilidad “siempre son difíciles”. Reconoce que aún está haciendo “fondo en el armario” y desliza que su “extraordinario equipo, preparado e ilusionado” le hace “tirar”. Andrés se muestra muy crítico con una patronal que quiere competir en salarios y aunque dará tiempo a la negociación en un periodo de mejora económica advierte de que si no suben las retribuciones de los trabajadores dará un “puñetazo encima de la mesa” y diseñará nuevas medidas de presión. Andrés critica las cuentas elaboradas por la Junta para 2018 y el pacto con Ciudadanos que “recorta ingresos”, cuando es preciso, señala, elevarlos para prestar servicios. Apela a un gran pacto fiscal de todas las fuerzas políticas antes de las elecciones de 2019, que permita alcanzar un gasto no financiero en los presupuestos de al menos 9.500 millones, 1.000 más que en la actualidad y advierte de que no se pueden fiar los ingresos a la nueva financiación autonómica que constituye una “espada de Damocles” sobre la Comunidad. El líder de CCOO apuesta por un plan de empleo que se centre en ayudar a los damnificados de la crisis mayores de 55 años; critica los incumplimientos de la Junta en políticas de igualdad y espera poder alcanzar acuerdos en la única materia en la que no ha sido posible desde 2001 dentro del Diálogo Social, la exigencia de garantías en la calidad en el empleo de las empresas auxiliares que presten servicios a la Administración. Andrés también pide una mayor implicación de las entidades locales con acuerdos más amplios en el proceso de concertación y reclama un impulso a ADE Rural como instrumento esencial para acabar con los desequilibrios territoriales en la Comunidad. El dirigente sindical también exige a Juan Vicente Herrera que de pasos para sacar a los represaliados de las cunetas por “deber histórico” antes de macharse.

¿Cómo percibe la situación económica actual y qué perspectivas tiene para los próximos meses?

Con muchas preocupación. La salida de la crisis está siendo muy negativa, con desigualdad y desequlibrios en el reparto de la riqueza. Estamos casi en el mismo PIB previo a la crisi, con 57.000 millones, pero hay 80.000 empleos menos; un 15 por ciento de asalariados en parámetros de pobreza; y 400.000 trabajadores o parados o con contratos temporales y parciales. Con la misma riqueza hay menos empleo un empleo más precario y pobreza, junto a menos servicos públicos.

¿Cree que se podrá volver al pleno empleo técnico previo a la crisis?

Ese indicador del cinco por ciento se debe modificar, porque no sirve si un tercio de los empleados son temporales. Si se mantiene el ritmo actual de creación de empleo se podría alcanzar ese porcentaje en tres o cuatro año, pero sería un dato falso porque habría pleno empleo pero pobreza. Sería un espejismo y es preciso modificarlo con un nuevo indicador a jornada completa.

¿Qué impacto puede tener la crisis catalana y qué se plantea dentro del sindicato?

Estamos alterados porque no sabemos en que medida afectará a la economía. Estamos a la expectativa. Rajoy y Puigdemont nos han llevado a un callejón sin salida con consecuencias imprevisbiles, y con una fractura social que ha revivido las dos españas. Se han metido en una espiral que les conviene a ambos, pero quien sufre es el pueblo catalán y el resto de los ciudadano. Los trabajadores necesitan que se hable del reparto de la riqueza, de la mejora del estado del bienestar y de una reforma fiscal. Ese es nuestro debate no el nacionalista. Con todo, es preciso que se busquen soluciones, pero dentro de España. O todos tenemos el derecho a decidir a marcharnos o ninguno. A los problemas políticos hay que darles soluciones políticas y sentarse a hablar. Hay que negociar. Se debe reformar la Constitución y el Estatuto pero siempre dentro de España, dentro de la legalidad. Hay que sentarse a hablar. A buscar una solución. Esto emana de la sentencia del TC que anuló el estatuto de autonomía respaldado por una mayoría. Ahí empiezan los problemas.

¿Cómo valora las cuentas que ha presentado la Junta para el año que viene?¿Servirán para cambiar esta situación que describe?

Son negativos, porque no recuperan los ingresos de antes de la crisis y el acuerdo con Ciudadanos incide aún más en vaciar las arcas al rebajar la fiscalidad, lo que nos aleja del Estado del Bienestar. Las cuentas van para atrás, la riqueza crece pero no llega a los ciudadanos y crece la pobreza. Es un mal camino y no estamos de acuerdo con la política de la Junta. Esto requiere un pacto de fiscalidad de todas las fuerzas para elevar los ingresos e intentaremos que esté cerrado antes de las elecciones de 2019. Nos gustaría que se concurriera con un modelo ya pactado porque con el crecimiento económico no es suficiente para recuperar el gasto no financiero para servicios públicos durante los próximos diez años.

La Junta entiende sin embargo que es preciso que las partidas lleguen a través de la reforma del modelo de financiación, cuya negociación está a punto de comenzar...

Es una espada de Damocles. Puede caer de un lado o de otro en el contexto catalán actual. Castilla y León tiene el peso que tiene en la política nacional y una estructura muy costosa y si no se atienden parámetros de envejecimiento y dispersión, sufriríamos un retroceso. Como eso no se sabe, hay que tirar de la capacidad propia impositiva que se tiene. Por eso debe haber un pacto fiscal previo donde todos garanticemos unos ingresos. Un pacto en dirección contraria al pacto PP-Ciudadanos.

¿Desconfía de la capacidad negociadora de la Comunidad?

No vamos en una posición de fuerza a esa negociación por mucho que las Cortes hayan tomado una posición unánime. Castilla y León no tiene un gran peso en la políticia nacional ni tampoco dentro del PP. No soy demasiado optimista. Desde CCOO lo vemos con mucho miedo, aunque apoyemos las tesis de la Comunidad. No debemos fiarlo a la financiación autonómica y acometer el pacto fiscal.

Otro de sus grandes retos es alcanzar un pacto salarial.

El acuerdo se debe alcanzar con la patronal en la negociación colectiva y con el Gobierno para los empleados públicos. Los salarios medios de la Comunidad están por debajo de la media nacional por la composición del tejido productivo de pequeño tamaño y baja tecnología y deben subir. En la negociación colectiva en la Comunidad suben menos que en los demás porque las estrategias empresariales son cicateras, porque piensan que la forma de competir es reduciendo los salarios. Aquí plantearemos a Cecale trasladar el Acuerdo de Negociación Colectiva que se negocie en Madrid y un poco más para logar una subida salarial potente.

Sin embargo, son las patronales provinciales y no Cecale quien asume esa negociación...

Si. Las relaciones con Cecale son buenas y hay acuerdos en el Diálogo Social y en el Serla. Donde no hay acuerdo es en la Negociación Colectiva porque la ejercitan las patronales provinciales. Cecale no tiene competencia en la materia y nos encontramos un muro, una estrategia rancia de estas organizaciones que quieren competir con bajos salarios y no lo vamos a consentir.

¿Adoptarán algún tipo de medida si no logran su objetivo?

A ver cómo evoluciona 2018 en la Negoaición Colectiva. Si realmente hemos salido de la crisis, las empresas están en beneficios y no hay realmente una recuperación salarial tendremos que dar un puñetazo en la mesa en 2019 y decir que hasta aquí hemos llegado. Hay que dar margen a la negociación en el nuevo escenario de recuperación económica en 2018, pero sino evoluciona satisfactoriamente deberemos dar una respuesta a los problemas de los salarios en Castilla y León y la presión irá contra las patronales provinciales y a las empresas y tomaremos las medidas que tendramos que tomar. O se asume o tomaremosotros caminos frente a la patronal coincidiendo con unas elecciones.

¿La reforma laboral sigue estando en la base de todos los males?

La precariedad, las bajos salarios y el despido flexible proceden de esa reforma. Combatimos sus efectos en la Negociación Colectiva, pero el problema gordo se debe combatir cambiando la norma, Si no el reparto desigual de la riqueza, la precariedad y la pobreza irán en aumento. El rico será más rico y el pobre más pobre. Hay que revertir la reforma por justicia social.

Comienza la negociación de este año de la Estrategia Integrada de Empleo. ¿Nos puede adelantar hacia dónde irán sus reivindicaciones?

Este año hay que proteger al colectivo de damnificados por la crisis de más de 55 años y más a aquellos que se acercan al precipicio de la jubilación obligatoria a los 61. Tenemos que ver cómo se les puede buscar contratación a partir del plan de empleo local al menos de un año, para elevar un poco su cotización. También revisaremos el convenio especial con la Seguridad Social para mayores de 55, porque el resultado no ha sido el esperado por las condiciones exigentes. Queremos protegerles dándoles empleo y cotizaciones. Además, hay que elevar las partidas para los trabajos forestales, sobre todo para frenar incendios; y para contratar a personas procedentes de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Hay que elevar las partidas globales del Papecyl y del plan de empleo local en particular, sobre todo, porque hay más dinero.

¿Que más retos se marca para el resto de mesas del Diálogo Social?

Hay que impulsar las políticas de igualdad, porque se ha perdido mucho en natalidad, excedencias de mujer o reducción de jornada. El Gobierno no ha cumplido inexplicablemente en cinco años los acuerdos alcanzados y es un agujero negro de la Junta en sus políticas. Volveremos a la carga en esa materia. Además, en vivienda queremos impulsar una garantía básica y elevar las ayudas al alquiler. También hemos propuesto retomar otro asuntos histórico, que es introducir garantías de calidad en el empleo en las contratas auxiliares que trabajan para la administración, con elementos de cumplimiento convenio sectorial y subrogación. Es la única mesa después de 60 acuerdos que no hemos sido capaces de cerrar. En el 2001, cuando se inició el Diálogo Social, estaba dentro de las materias a negociar, lo iniciamos con Mañueco y gatillazo; seguimos con María Jesús Ruiz, y gatillazo también. Dicen que a la tercera va la vencida y esperemos que no se vaya Herrera con una sola cosa sin acuerdo.

¿Qué balance hace de la introducción de los procesos de Diálogo Social en el ámbito local?

Está a un ritmo desigual. Hay ayuntamientos con avances exiguos que se limitan a lo mínimo para no perder fondos autonómicos. La Diputación de Soria va bien; así como el ayuntamiento y la institución provincial en Burgos y Valladolid; o en Ávila también. Pero también hay unos cuantos remolones, como León y Salamanca, donde se creen que el Diálogo Social es una foto y se limitan a aplicar lo que llega de la Junta. Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco han sido consejeros y deberían demostrar que son valedores del Diálogo Social, que es una forma de participación política para introducir nuevos elementos.

El sector industria llena los discurso políticos para la recuperación y un futuro económico para la Comunidad. ¿Cómo se está desarrollando el acuerdo marco de competitividad?¿El pacto d ellos grupos políticos aporta algo al mismo?

Estamos en el ecuador el Acuerdo y hay que revisarlo. El apoyo de los grupos aunque no introduce elementos nuevos lo refirma y refuerza.

¿Hacia dónde debe dirigirse la revisión de ese acuerdo a seis años?

Es preciso elevar los fondos para I+D+i para subir la intensidad tecnológica de Castilla y León. Es fundamental incorporar la industria 4.0 y renovar la maquinaria que manejan los alumnos en los centros de FP, que está obsoleta. Hay que ver cómo se recuperan instalaciones de industrias que han caído durante la crisis. Son instalaciones y capacidades perdidas y se deben impulsar con inversores locales o foráneas. Además, es preciso revisar ADE Rural, se debe dar un impulso tremendo, que defina dónde se encuentran los recursos endógenos y busque proyectos para su explotación, porque no se puede estar esperando a que lleguen, y se deben encontrar fórmulas para adelantar los apoyos.

¿El objetivo es acabar con los desequilibrios territoriales?

ADE rural jugaría un papel determinante, porque la riqueza de los pueblos está en sus recursos endógenos. Hay que invitar a proyectos industriales a que vayan allí, con algún elemento de apoyo económico a mayores ene stas zonas, junto a un impulso de infraestructuras, instrumentos de desarrollo económico y servicios públicos.

¿Cómo frenar la despoblación del medio rural?

Creando empleo, fomentando la natalidad y dando facilidades para que la gente retorne.

¿Las deslocalizaciones siguen estando en su agenda?

Es un fenómeno global sin soluciones locales fáciles. Sin embargo, en Castilla y León hemos establecidos fórmulas para combatir y revertir las consecuencias de los procesos, con diferentes grados de satisfacción. La fórmula es una ‘gana-gana’. Ganamos los dos, la multinacional que se lleva su producto y nosotros que mantenemos el proceso productivo aprovechando sus instalaciones y prosiguiendo con el empleo.

Nissan en Ávila se ha salvado por la campana. ¿Cómo valora el acuerdo?

Hemos sido muy críticos con el proceso. La negociación estuvo marcada por una amenaza de fuga que hizo temblar al Gobierno de Castilla y León que aflojó el bolsillo, tras el incumplimiento de dos planes industriales. Que se incumpla un tercero ahí está porque no pasa nada. Lo que si pido a la consejera de Economía y Hacienda es que constituya la comisión de seguimiento de los acuerdos en la Fundación Anclaje, porque no hay dos sin tres.

¿Cree que hay futuro para el carbón?

No vemos el futuro claro, pero desde CCOO seguiremos defendiéndolo como fuente de energía estratégica, garantista y generadora de empleo. Tenemos veta de carbón para 120 años, es un recurso natural extraordinario que se debe defender, ante las instituciones europeos. Pero el Gobierno por presiones de las grandes eléctricas no toma las decisiones que debe tomar. El Ejecutivo debe obligar a las térmicas a quemar carbón nacional, porque es frustrante que tengas carbón debajo de tus pies y lo traigan de Sudáfrica.

¿Cómo se debe afrontar el cierre de la central nuclear de Garoña?

Hay que desmontar la central, lo que mantendrá cierto empleo durante ocho o diez años, pero las consecuencias deben amortiguarse con un plan de actuación específico para la zona con la impliación tanto de la Junta como del gobierno, en la que estemos todos. La central tenía una vida útil que se acabó y hacer una prórroga estaba fuera de lo conveniente para la seguridad, por eso abogamos por su cierre; pero no estamos en contra de la nuclear.

Más allá de lo laboral y lo económico, otro reto que lanzó hacia el presidente de la Junta el sindicato durante el congreso en el que salió elegido fue que sacaran a los represaliados durante la Guerra Civil de las cunetas. ¿Se han dado pasos al respecto?

Hemos trasladado a los grupos nuestra propuesta y hay coincidencia. El vicepresidente del Gobierno ha hecho algún comentario al respecto y creemos que están trabajando en alguna norma, de la que no tenemos conocimiento. Herrera no puede despedirse de este mandato sin sacar a los muertos de las cunetas. No lo puede hacer y creemos que no lo va a hacer. Creemos que va a responder. Debe responder. Luego hay otras cuestiones en relación con la memoria histórica que habrá que resolver y reescribir un nuevo relato de la historia también en los libros de texto. Pero primero se debe sacar a los muertos de las cunetas. Debe haber financiación para sacarles de las cunetas y devolvérselos a las familias y restaurar la normalidad. Aunque sea tarde, más vale tarde que nunca. Confiamos en que Herrera cumpla con ese deber histórico.