CCOO estudia realizar acciones legales contra Fomento al confirmar la prórroga del peaje de la AP-6

    El secretario provincial de Comisiones Obreras en Ávila, Óscar García Barroso, avanzó el pasado viernes día 2 de febrero, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en nuestra sede de la capital abulense, que nuestra organización va a estudiar la posibilidad de acudir nuevamente a la vía judicial, después de que el Ministerio de Fomento nos haya confirmado que la concesión de las autopistas de peaje AP-6 y sus ramales hacia Ávila y Segovia, la AP-51 y la AP-61, concluirá entre los años 2024 y 2029. Así se ratificó en la reunión mantenida el pasado jueves día 1 de febrero por la tarde en la sede ministerial en Madrid, entre el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Miño, y una delegación compuesta por responsables de CCOO de Castilla y León, con su secretario general a la cabeza, Vicente Andrés, y de la Asociación Ecologista Centaurea.

    05/02/2018.
    El ministro de Fomento se reunió con CCOO y la Asociación Ecológica Centaurea

    El ministro de Fomento se reunió con CCOO y la Asociación Ecológica Centaurea

    CCOO estudia recurrir a la vía legal, si bien en todo caso seguirá ‘con los espacios que nos queden para poner de manifiesto este atropello’, remarcó Óscar García Barroso, secretario provincial de CCOO de Ávila. Así, aplaudió la movilización social que se ha reactivado ahora, aunque en el terreno político reclamó un ‘paso más insistente y firme hacia donde hay que darlo, el Ministerio de Fomento, ya que algunos grupos tienen más capacidad de presión que otros’, argumentó.

    Óscar García Barroso, y Ricardo del Val, responsable de Empleo, Política Institucional y Prensa de CCOO de Ávila, señalaron que no comparten el plazo confirmado por Fomento, y tras los comentarios de Manuel Miño se despejan las dudas surgidas tras las declaraciones efectuadas la semana pasada por el propio ministro del ramo, Íñigo de la Serna, quien aseguró que el Gobierno había acordado no prorrogar los contratos de las autopistas. Algunos, como la plataforma ‘Ávila libre de peajes’, se cuestionaron entonces si la concesión podía finalizar en noviembre de 2019, cuando se supone que tendrá lugar la valoración para calcular la fecha final, en función de parámetros como la evolución del tráfico, algo que queda descartado.

    Los responsables de CCOO en Ávila explicaron que el Ministerio de Fomento se ampara en el Real Decreto 525 del año 2012, con el que el Gobierno quiso salvar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJE) contra la adjudicación en 1999 de las autopistas AP-51 y AP-61 y la prórroga de la AP-6 a partir del 29 de enero de 2018, cuando finalizaba la concesión original. El Real Decreto acortó siete años la nueva concesión administrativa, que se contemplaba entre un mínimo de 32 años -el año 2031- y un máximo de 37 -el año 2036-, de ahí que el plazo válido para Fomento se sitúe entre los años 2024 y 2029.

    Comisiones Obreras, que estuvo junto a Centaurea detrás de la denuncia que derivó en esa sentencia europea que falló contra España por ‘vulnerar las directivas comunitarias sobre contratación pública’, discrepa del argumento expresado por el responsable de Fomento y defiende que el fin de la concesión fue el pasado día 29 de enero de 2018, cumplidos los 50 años de la concesión de 1968, la ‘única legal, con lo que en estos momentos las autopistas están en una situación de alegalidad’, confirmó el secretario provincial.

    Esto se confirma con el hecho de que ‘en los tickets ya aparece Castellana de Autopistas, filial de Abertis, que es a quien se le concedió la prórroga de la AP-6 a partir de enero de 2018. Para nosotros en esa fecha la concesión debería haber pasado a manos del Estado en un modelo de gestión pública que salvaguardara el conjunto de los derechos de los/as trabajadores/as’, aseguró García Barroso, quien insistió en que no se ha dado ‘un debido cumplimiento a la sentencia dictada en 2010, aunque aún se está a tiempo’. A su entender, el Real Decreto no puede ser la solución cuando ‘trata de resolver sobre algo declarado ilegal -la concesión de 1999-. Esto es algo inadmisible y una auténtica tomadura de pelo por parte de Fomento’, dijo.

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