Los sindicatos con representación en Correos anuncian movilizaciones esta primavera en defensa del servicio postal público

    CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, organizaciones sindicales que suman el 85% de la representación sindical de los 57.000 trabajadores/as de Correos, han anunciado movilizaciones esta primavera ante la ausencia clara de iniciativas del Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a la ciudadanía. Los sindicatos denuncian el recorte de dos tercios en la financiación del Servicio Postal Universal (servicio público a la ciudadanía) en 2017, que lo ha reducido a la irrisoria cantidad de 57 millones de euros; el bloqueo por parte del Gobierno del Plan Estratégico 2018-2023; la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008, de ellos 175 en Valladolid; y la implantación de un modelo de empleo precario, con un peso cada vez mayor de la contratación temporal y a tiempo parcial.

    28/03/2018.
    Un momento de la rueda de prensa celebrada esta mañana en CCOO.

    Un momento de la rueda de prensa celebrada esta mañana en CCOO.

    Ante la falta de respuesta a las demandas y propuestas sindicales, tanto del Gobierno como del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), de quien depende Correos, ante la previsible pérdida de 30.000 puestos de trabajo en todo el Estado a medio plazo, 380 a nivel provincial, los cuatro sindicatos han adelantado un calendario de movilizaciones que se iniciará el próximo mes de mayo. Este proceder será gradual y creciente en el tiempo, sin descartar la celebración de una huelga general, en tanto no se dé respuesta a la exigencia de medidas para garantizar la continuidad de la mayor empresa del sector postal público.

    Las cuatro organizaciones sindicales comparten el diagnóstico, nada alentador, sobre la situación de Correos, motivado por una inanición de Gobierno, y una política en materia de servicio postal público que se ha caracterizado por el recorte y el bloqueo de iniciativas para la modernización de Correos.

    Recortes sin precedentes desde que el PP ha llegado al Gobierno

    En la presente legislatura se ha producido un recorte sin precedentes en la financiación del Servicio Postal Universal. Se ha pasado de 180 a 57 millones de euros en 2017, que se repetirá en 2018 en caso de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Esto se ha trasladado directamente a la cuenta de resultados de la empresa, provocando el déficit más alto de la historia de Correos, unos 150 millones de euros. Además, el Gobierno se comprometió en junio pasado con los cuatro sindicatos a restituir el recorte habido, algo que no ha hecho, y a poner en marcha un grupo de trabajo para elaborar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal -que determinará el modelo y las cuantías de financiación del mismo- del que tampoco se ha tenido noticia alguna en más de 8 meses.

    Además, el mercado postal viene transformándose en los últimos años como consecuencia de la sustitución del correo tradicional -con descensos del 5% anual- por comunicaciones electrónicas, de un lado, y de otro, por el incremento de la paquetería a raíz del desarrollo del comercio electrónico -con incrementos del 25% anual-. Ante esta situación, todas las grandes empresas públicas de Correos europeas, con el apoyo de sus respectivos Gobiernos, han optado por ampliar su actividad logística y de paquetería ante el progresivo descenso de la carta tradicional, al tiempo que han mantenido su Banco Postal.

    Correos España, en este contexto, es una preocupante excepción, al depender de la carta en un 85% de sus ingresos, y verse por tanto con una disminución de ingresos, envíos gestionados y beneficios. La necesaria apuesta por la diversificación, entrando de lleno en la paquetería, los servicios financieros o la restitución del Banco Postal, es la gran cuenta pendiente de Correos, así como la aprobación de un Plan Estratégico que Hacienda, propietario final de la empresa pública, mantiene incomprensiblemente bloqueado y que impide su modernización y adaptación a la actual realidad del sector.

    Realidad del Correos en la provincia de Valladolid

    El empleo es el tercer elemento que los sindicatos denuncian como motivo del conflicto. Los sindicatos han señalado la destrucción de 15.000 empleos en los últimos nueve años a nivel estatal, 175 en Valladolid, apenas mitigados por las dos últimas e insuficientes ofertas de empleo y con carencias claras en la prestación del servicio público postal a la ciudadanía como ya se está palpando en la capital vallisoletana, en Medina del Campo, Laguna de Duero, Medina de Rioseco, Tordesillas, Arroyo de la Encomienda, La Cistérniga, Íscar, Peñafiel, Olmedo, Tudela de Duero, Mayorga, Villalón, Zaratán, Cigales, Nava del Rey, Simancas, etc.

    Las cifras que barajan los sindicatos si se mantiene el recorte presupuestario de más de 120 millones de euros, sería la supresión de 30.000 puestos a nivel estatal a medio plazo, 380 en la provincia, lo que dejaría a la ciudadanía prácticamente sin reparto y se convertiría en un drama social.

    Señalan, igualmente, la pérdida de poder adquisitivo, con los salarios congelados y recortados desde 2010, el deterioro de las condiciones laborales y la instauración durante los últimos años de modalidades de empleo precario alcanzando cifras vergonzantes como un 35% de contratos eventuales y un 22% de puestos a tiempo parcial de entre cuatro, 8 y 16 horas semanales.

    Ante esta situación, CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre han reiterado sus demandas -condicionando el desarrollo del conflicto a la respuesta del Gobierno- para que se desbloqueen los elementos que mantienen en zona de riesgo la continuidad del Correo Público: que se restituya el recorte de financiación, se apruebe el Plan de Prestación con una dotación suficiente y se dé vía libre a un necesario Plan Estratégico para la diversificación de la actividad. Y finalmente, para que se garantice la plantilla suficiente, con tasas de reposición por encima del 100% que permitan recuperar empleo, incrementos salariales por encima del IPC, el poder adquisitivo perdido con incrementos específicos, más allá de los pactados en el ámbito de la Función Pública para Correos y una regulación de las condiciones de trabajo que ponga fin a la creciente precariedad en el modelo de empleo.

    Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.