CCOO critica el nuevo recorte de 60M€ a Correos en los PGE de 2018

    CCOO critica el nuevo recorte de 60 millones de euros para la empresa pública Correos en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (PGE 2018). Merced a esta situación, nuestra organización advierte que de esta forma el conflicto seguirá abierto en la mayor empresa pública de este país, con cerca de 66.000 personas trabajadoras.

    04/07/2018.

    El sindicato mayoritario en Correos ha criticado el nuevo recorte de 60 millones de euros en la partidas públicas presupuestarias destinadas a la prestación del Servicio Postal y advierte que el continuismo en las políticas de recortes practicado por el PP mantendrá candente la movilización que no se desactivará hasta que se traduzcan en hechos las reivindicaciones de los casi 60.000 trabajadores y trabajadoras de la empresa postal pública. La restitución de la financiación en los PGE del 2019 es una señal necesaria para certificar que el cambio de Gobierno conlleva un cambio en las políticas.

    CCOO apuesta sin matices por el diálogo, aunque lo haga desde un planteamiento movilizador unitario que el Gobierno tiene en su mano desactivar a sólo que convierta en acción de gobierno y decisiones ordenadas en el tiempo, los compromisos compartidos con CCOO cuando estaba en la oposición. Mientras la foto en Correos siga siendo la del recorte, la incertidumbre y una política continuista basada en el recorte financiero, en la caída de ingresos, en la falta de un Plan de empresa y en la congelación de las condiciones laborales, CCOO mantendrá las convocatorias de Huelga General previstas para noviembre y diciembre.

    Hoy, miércoles día 4 de julio se han publicado los Presupuestos Generales del Estado para 2018, con un nuevo recorte para Correos de 60 millones de euros en las partidas presupuestarias destinadas a la prestación del Servicio Postal Público a la ciudadanía. Esta cuantía, sumada a la del año anterior, supone un tijeretazo para esta empresa de 180 millones de euros.

    CCOO ha criticado que ‘por segundo año consecutivo se aplique un recorte tan severo en una empresa cada vez más estrangulada y tocada por un elevado déficit de 188 millones de euros en 2017 y con una previsión de 122M€ en 2018, sin hoja de ruta empresarial y con una regulación laboral bloqueada desde hace cuatro años dominada por la precariedad’, señalan nuestros compañeros del Sector Postal de la Federación de servicios a la Ciudadanía.

    El sindicato ha señalado que la respuesta del nuevo Gobierno a la situación de Correos no admite demoras y ha requerido a los nuevos responsables del Ministerio de Fomento, como regulador, y de Hacienda-SEPI, como propietario, el giro postal necesario para evitar que la empresa pública quede reducida a la mínima expresión.

    La política postal del nuevo Gobierno ha de reorientar y revertir las acciones del anterior Ejecutivo y, para CCOO, debe pivotar sobre el refuerzo del Servicio Postal Público y a Correos como su prestador, con la aprobación de un Plan de Prestación que las organizaciones sindicales estiman en 230 millones de euros. Mientras tanto, y una vez transcurrido un año desde la creación del grupo de trabajo, habría que consignar la cuantía de 180 millones de euros en los presupuestos generales de 2019 y restituir la financiación recortada por el anterior Gobierno.

    El segundo eje que el Gobierno debe abordar es la apuesta clara por Correos como empresa viable y competitiva, dotándola de un Plan Estratégico que le permita el aumento de ingresos con una verdadera diversificación en el ámbito de la logística y el e-commerce.

    El tercer elemento indispensable, como apunta la organización sindical, es alcanzar un nuevo acuerdo laboral que recoja un Pacto Salarial Plurianual con la aplicación del Acuerdo de Función Pública y un incremento singular para el colectivo de Correos. En materia de empleo, un Plan de Estabilización de entre 10.000 y 12.000 puestos fijos para recuperar la plantilla perdida en la última década, al mismo tiempo que acabar con la precariedad instalada en la empresa con un 35% de eventualidad de la que el 22% es tiempo parcial.

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