CCOO denuncia la falta de soluciones a los problemas de seguridad y salud laboral en la Administración de Justicia

    El Sector de Justicia de Comisiones Obreras de Valladolid, dependiente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quiere poner en conocimiento de la opinión pública local los graves problemas que en materia de seguridad y salud laboral, así como en prevención de riesgos laborales, sigue padeciendo la Administración de Justicia en los diferentes centros de trabajo de esta provincia. Desde CCOO responsabilizamos de esta situación al máximo dirigente de la unidad administrativa que gestiona la misma, que con su desidia y falta de interés nos ha llevado a interponer hasta siete denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por su actuación en el último año.

    25/07/2018.
    Juzgados.

    Juzgados.

    Comisiones Obreras lleva dos años proponiendo, solicitando, y exigiendo que se lleven a cabo determinadas actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, que por dejadez de los responsables ministeriales en Valladolid no se están realizando, perjudicando seriamente al conjunto de las personas trabajadoras de la Administración de Justicia, así como a la ciudadanía que acude a las sedes judiciales. Por todo ello, desde CCOO solicitamos y exigimos seguridad para los trabajadores en los edificios judiciales, así como para los ciudadanos que acuden a diario a los mismos

    Así, nos encontramos que en el edificio judicial sito en la calle Nicolás Salmerón 5, que alberga trece juzgados, existen problemas de electricidad estática (acumulación de cargas electrostáticas) que sufre la plantilla destinada en el mismo, y al que no se le da una solución por el gerente ni por el propietario del inmueble, a pesar del millón de euros anuales que se paga por su alquiler. Esta situación también se encuentra denunciada ante la Inspección de Trabajo.

    Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, sólo se han realizado las evacuaciones y simulacros de los edificios judiciales en una ocasión y respecto a dos de las nueve sedes judiciales que existen en la provincia de Valladolid, cuando deberían realizarse todos los años y en todas las sedes, hechos que también están denunciados ante la Inspección de Trabajo.

    El gerente de justicia no instala desfibriladores en las sedes judiciales donde se concentran un gran número de ciudadanos en el horario de atención al público. Por poner un ejemplo, al edificio judicial de la calle Angustias, 40-44 acuden una media de 1.000 personas todos los días, más los 250 funcionarios que trabajan en ella, a los que hay que sumar abogados y procuradores que acuden cada día a ella. ‘Los argumentos para no instalarlos son peregrinos, simplemente no hay voluntad’, relata el delegado de Justicia de CCOO, Raúl Franco, cuando desde otras administraciones se está fomentando la instalación de los mismos.

    Problemas en los juzgados de las dos Medinas

    En el edificio judicial donde se ubican los tres juzgados de Medina del Campo, y que en próximas fechas se iniciarán las obras de accesibilidad a la sede judicial, que lamentablemente, y por la incompetencia de los gestores del Ministerio de Justicia, no se habían realizado ni proyectado durante muchos años, lo que llevó al Sector de Justicia de Comisiones Obreras, en la persona de su delegado de prevención, a denunciar ante la Inspección de Trabajo tal situación. Afortunadamente, el Ministerio de Justicia ha reaccionado, y en las próximas semanas comenzarán las obras para eliminar las barreras arquitectónicas del edificio judicial. ‘Eso sí, pretenden realizar las mismas sin reubicar en otro edificio a todo el personal que trabaja en los juzgados de Medina del Campo, con el perjuicio que supondrá para poder prestar servicio al ciudadano que acuda al mismo, cuando las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses’, señala Raúl Franco.

    Así mismo, el edificio judicial que alberga el Juzgado de Medina de Rioseco carece de personal de seguridad, a pesar de las advertencias realizadas sobre altercados producidos en los últimos meses en los que se tuvo que llamar a la Guardia Civil, tal como comenta el delegado de Comisiones Obreras, ‘y todo porque dicen que no hay dinero para ello, ni tampoco para instalar cámaras, ni la necesaria cobertura en materia de seguridad. Es inadmisible’, sostiene nuestro compañero.

    Comisiones Obreras, a través de su delegado de prevención, ha tenido que denunciar igualmente ante la Inspección el hecho de no entregase copia de los informes de las diferentes evaluaciones de riesgos laborales realizados en los últimos meses, que se llevaron a cabo tras el requerimiento y la denuncia efectuada por este sindicato. Dichos informes obliga al Ministerio de Justicia a realizar evaluaciones de los riesgos psicosociales, los cuales tampoco se están realizando.

    Con relación a estas situaciones, ‘son sólo unos ejemplos más del incumplimiento reiterado de la normativa en materia de seguridad, salud laboral y prevención de riesgos laborales por parte del Ministerio de Justicia, cuando la propia Administración debería dar ejemplo’, afirman desde el Sector de Justicia de CCOO, encontrándonos incluso con trabas por parte de los responsables de la gerencia de Valladolid para convocar el Comité de Seguridad y Salud Laboral con carácter trimestral. ‘Y todo por la sencilla razón de que ellos mismos no quieren saber nada de estos problemas. No realizan propuestas serias, y mucho menos tienen interés en buscar soluciones’, remarca Raúl Franco.

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