CCOO denuncia que Justicia sigue sin atender las demandas de las unidades de violencia integral forense

    Comisiones Obreras de Castilla y León, a través del Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quiere volver a poner en conocimiento de la opinión pública el olvido al que somete el Ministerio ante las reiteradas peticiones de las demandas de las unidades de violencia integral forense existentes en la Comunidad. La desidia de sus responsables ante las peticiones del personal laboral de estas unidades y del resto de los equipos técnicos psico-socio-educativos de la Administración de Justicia es sangrante.

    29/10/2018.
    Juzgados.

    Juzgados.

    Por todo ello, y a la vista de que no se toman en consideración las demandas de estos profesionales, se va a iniciar una serie de medidas de presión frente a los responsables del Ministerio de Justicia, para que pongan fin a estas situaciones planteadas, todo ello en aras de mejorar el servicio público que se debe prestar a las víctimas.

    La Subdirección General de Medios Personales del Ministerio de Justicia, con José Ramón Crespo Sánchez al frente, hace caso omiso de las peticiones de mantener una reunión con los representantes sindicales y el personal laboral encargado de valorar la violencia en todos sus ámbitos, entre ellos el de violencia de género. La nueva ministra de Justicia, a la que se le llena la boca con el Pacto de Estado en esta materia, sigue manteniendo en su puesto a este subdirector, a pesar de los hechos que denunciamos.

    Estos trabajadores y trabajadoras llevan más de dos años intentando acordar con la Subdirección una reunión que permita establecer unas directrices claras que consideran fundamentales para valorar de forma interdisciplinar, eficaz y adecuadamente los procedimientos judiciales relacionados con la violencia.

    A día de hoy el Ministerio no sólo no responde ni se reúne con los representantes de los trabajadores y profesionales que abordan esta problemática, sino que sigue dando palos de ciego, estableciendo para estas personas cursos de formación atropellados y sin medidas de conciliación que, en ocasiones, son denegados por los propios directivos de los organismos a su cargo, excluyendo a los educadores.

    Lo que es inaceptable, explican estos profesionales, es que desde el propio Ministerio no se sienten las bases para trabajar y promover una valoración integral forense adecuada que minimice los daños de las víctimas de violencia, desarrollando un protocolo común específico para los colectivos forenses que trabajan en esta problemática.

    A modo de ejemplo, no existen equipos psicosociales forenses de guardia que valoren de manera inmediata los daños que sufren las víctimas en el momento de la denuncia, sino que éstas son victimizadas nuevamente con valoraciones posteriores, debiendo relatar, un tiempo después, sus experiencias traumáticas a estos profesionales, con las repercusiones negativas que ello conlleva.

    Y estos hechos no son los únicos, así la Administración continúa utilizando el dinero público para contratar a profesionales mediante convenios privados que realizan funciones propias de estos trabajadores, retribuyendo a estos profesionales privados muy por encima del salario que cobraría un empleado público con el consecuente malgasto económico.

    La situación no finaliza aquí, dado que la Administración sigue sin cubrir puestos de trabajo vacantes de larga duración que deberían estar cubiertos por personal interino a pesar de haber creado una bolsa de trabajo, lo que conlleva un largo retraso en la emisión de los informes periciales y, por ende, en la resolución judicial.

    También denuncian que El Pacto de Estado para la Violencia de Género sigue sin cumplirse en el ámbito pericial psicosocial forense, y lo más grave, sin tener en cuenta las aportaciones que estos profesionales podrían hacer desde su experiencia diaria.

    Por todo ello, y a la vista de que no se toman en consideración las demandas de estos profesionales, se va a iniciar una serie de medidas de presión frente a los responsables del Ministerio de Justicia, para que pongan fin a estas situaciones planteadas, todo ello en aras de mejorar el servicio público que se debe prestar a las víctimas.

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