CCOO de Castilla y León | 20 abril 2024.

Villalar 2024

2020-02-25

Las administraciones en la Comunidad dejan de gastar un 21,7% de lo presupuestado entre octubre de 2019 y enero de 2020

    Comisiones Obreras de Castilla y León, por medio de la Federación de Construcción y Servicios, ha dejado bien patente esta mañana que las administraciones públicas en Castilla y León han dejado sin gastar un 21,7% de lo presupuestado entre octubre de 2019 y enero de este año. Vicente Sánchez, secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, y Lourdes Herreros, secretaria general de la Federación en Castilla y León, han presentado en nuestra sede vallisoletana los datos del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública.

    25/02/2020.

    “Se trata de un documento que lo actualizaremos cada trimestre en cada territorio para conocer esta realidad. El objetivo no es otro que saber las cantidades que no se gastan las diferentes administraciones y qué destino se les da”, ha manifestado Sánchez.

    Vicente Sánchez, que ha introducido las razones de la organización para poner en marcha el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, ha destacado que entre las tres administraciones que operan en Castilla y León, Administración General del Estado, Junta de Castilla y León y entidades locales (ayuntamientos y diputaciones), los procedimientos de licitación realizados en los últimos cuatro meses se han visto reducidos en un 21,7%. Finalmente la adjudicación realizada ha alcanzado un importe cercano a los 105 millones de euros (104.765.989,11€) lo que ha supuesto dejar sin gastar 29.028.610,51 euros.

    Dicho periodo comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, donde las distintas administraciones públicas sitas en este territorio han adjudicado un total de 214 contratos por un importe total de licitación de casi 134 millones de euros (133.794.599,62€). Los meses de octubre y diciembre han registrado la mayor actividad licitadora, con 69 y 54 contratos adjudicados, respectivamente, en las actividades de construcción y servicios. Les siguen los meses de noviembre, con 46M€, y enero, con 45 millones de euros.

    El mayor peso de los contratos adjudicados en este periodo corresponde a licitaciones de organismos dependientes de la Administración General del Estado, con un 42,8% del importe adjudicado, y se realizan en obras de construcción e infraestructuras de carreteras, principalmente. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha adjudicado un montante de casi 35 millones de euros, un 33,6%, en contratos de obras de construcción y carreteras de su competencia. Finalmente, las entidades locales han adjudicado casi 25 millones de euros, que supone el 23,6%, en actividades de construcción y servicios, ha detallado el secretario general de CCOO de Construcción y Servicios.

    De otro lado, Vicente Sánchez ha mencionado que tanto la Administración General del Estado, a través de sus organismos presentes en el territorio, como la Junta de Castilla y León, han priorizado los criterios económicos frente a otros a la hora de llevar a cabo estas adjudicaciones. De esta forma, y según muestra el estudio realizado por el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, así del montante global la Administración General del estado ha reducido dicho presupuesto en un 24,7%, la Comunidad Autónoma en un 23,5% y las entidades locales en un 12,4%.

    Nuestro compañero ha puesto como ejemplo de este procedimiento un contrato adjudicado en octubre por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que se ha visto reducido en un 42,9%, y otro a cargo de la Administración General del Estado, en un contrato habido en enero al Sepi-Tragsa, con una caída de un 50,8% entre el valor de licitación y el de la adjudicación final.

    Por último Sánchez, considera que con esta forma de adjudicación basada en el precio las administraciones dejan de gastar dinero público que debe servir para mejoras técnicas y de calidad en los contratos licitados, para mantener y crear empleo, y para la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras.