Para CCOO, el Ingreso Mínimo Vital supone un paso más allá en la cohesión social

    Comisiones Obreras de Castilla y León, a través de la Secretaria de Política Social y Vivienda, da la bienvenida al Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno de la nación. “Para nosotros supone un paso más allá en la cohesión social. Supone un avance en la reducción de desigualdades y la pobreza severa que sufren muchas familias, y nos congratulamos por ello, aunque entendemos que se podría haber planteado una cobertura mayor”, señala Inmaculada de Pablo Arranz, responsable de la Secretaría.

    29/05/2020.
    Foto CCOOCyL.

    Foto CCOOCyL.

    Este Ingreso, concebido como una renta mínima, se instaurará a nivel nacional y garantizará un mínimo de ingresos. Será una prestación que dará cobertura a un colectivo prioritario, pero seguirán existiendo vacíos, según CCOO. La IMV marca unos ingresos mínimos a un determinado número de personas y hogares, en las mismas circunstancias, y que, sin duda alguna, contribuirá a reducir las tasas de pobreza y las diferencias entre comunidades, en un tema tan importante como el apoyo a las personas vulnerables.

    A partir del próximo mes de junio, cuando esté en vigor el Ingreso Mínimo Vital, de inminente aprobación por Real Decreto Ley, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Castilla y León deberá modificarse, para dar respuesta al sentir de subsidiaria y complementaria de aquella, para la ciudadanía de nuestra Comunidad.

    CCOO remarca la importancia de que la financiación que se ha venido utilizando para dar cobertura a la RGC se mantenga, y se dedique a reformular y reorientar estas políticas de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.

    “En el mismo escenario en el que se creó la RGC, con los mismos interlocutores y ese mismo marco, se establezca una mesa de negociación. Por ello solicitamos que se establezcan negociaciones para encajar ambas prestaciones, demanda Inmaculada de Pablo.

    Historia de la Renta Garantizada de Ciudadanía

    La actual Renta Garantizada de Ciudadanía, que está vigente en la Comunidad desde el mes de diciembre de 2010 como respuesta a la grave situación económica y social provocada por la crisis de 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, según datos del pasado mes de abril, daba cobertura a 9.293 personas (21.816 beneficiarios) en todo el territorio.

    Esta prestación ha proporcionado mensualmente una base de ingresos que hacían posible el mantenimiento de unos mínimos básicos, y se percibía mientras la situación de vulnerabilidad no se revirtiera. En paralelo, al mismo tiempo, procuraba herramientas para la inserción laboral o social.

    Las personas que se han beneficiado de ella fueron creciendo año a año hasta llegar a más de 38.000 beneficiarios en el 2016, momento de mayor cobertura, y por ello, también de mayor inversión. Posteriormente a ese año, hay una leve tendencia a ir bajando en el número de personas que la perciben, por el refuerzo de acciones y programas dirigidos a la inclusión laboral, lo que facilitó una media de ocupación de 3.600 titulares.

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