La reactivación económica no puede hacerse a costa de agudizar la crisis climática

    La Junta de Castilla y León da un paso atrás en la prevención de la contaminación bajo la excusa de la “simplificación administrativa”. Es algo que por desgracia se ha dado en otras administraciones de España que ven la normativa ambiental como un mero trámite engorroso. El decreto ley publicado el pasado viernes 19 de Junio, modifica la Ley de Prevención Ambiental autonómica con la justificación del “fomento de la reactivación productiva”. Además de la buscada “simplificación administrativa” se socaban los derechos de información y participación ciudadana y se elimina el carácter preventivo de la ley.

    23/06/2020.
    Foto CCOOCyL.

    Foto CCOOCyL.

    El decreto sustituye la Licencia Ambiental por una Comunicación Ambiental para determinadas actividades, y como dice el preámbulo “permite pasar de un control previo ligado a un procedimiento administrativo a un control posterior vinculado a un régimen de inspección que permite corregir las disfunciones que, en su caso, puedan causar molestias en el entorno”.

    La Licencia Ambiental surge en Castilla y León con la Ley de Prevención Ambiental en 2003 y da el relevo a la conocida como “licencia de actividad” del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Con este trámite se daba un paso más allá en la prevención de la contaminación para aquellas actividades que no estaban incluidas en la Ley básica estatal, haciendo extensivo el principio de prevención de la contaminación a la mayoría de las actividades. Algo que consideramos positivo para fomentar el cambio productivo que requiere la actual crisis climática.

    La finalidad de la licencia ambiental es “regular y controlar las actividades e instalaciones con el fin de prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo que produzcan las actividades correspondientes, incorporar las mejores técnicas disponibles validadas por la Unión Europea y, al mismo tiempo, determinar las condiciones para una gestión correcta de dichas emisiones”. La documentación para la solicitud debe incluir la justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente; las técnicas de prevención y reducción de emisiones; las medidas de gestión de los residuos generados, etc.

    A juicio de CCOO de Castilla y León puede generar una inseguridad jurídica a algunas actividades que ahora podrían abrir con una simple Comunicación Ambiental. Si se quiere avanzar en la economía circular, cuya estrategia regional está en tramitación, es fundamental abordar la prevención de la contaminación desde las fases de diseño, y no favorecer el inicio de actividades y justificar el cumplimiento de la normativa confiando en un régimen de inspecciones que en la actualidad es escaso e insuficiente.

    El régimen administrativo de comunicación, que sustituiría a muchas de las actuales licencias ambientales, pierde la esencia preventiva ya que únicamente requiere una descripción de las instalaciones y la información de emisiones contaminantes. Esta modificación dejaría sin trámite de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, y sin informe del servicio territorial competente en materia de medio ambiente a actividades como un matadero con una capacidad inferior a 50 toneladas/día, una depuradora de aguas residuales o una granja con 5.000 vacas.

    Es desconcertante la actuación de la Junta de Castilla y León, eliminando un régimen administrativo más garantista con el medio ambiente a la vez que aprueba medidas contra el cambio climático en la comunidad centradas en las renovables, la eficiencia energética y la economía regenerativa.

    Cabe recordar que es urgente dar respuesta a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, pero que debe hacerse dando respuesta también a la crisis ecológica. Si bien es necesario potenciar los recursos endógenos de la región y apoyar la economía verde y circular en especial en el ámbito rural, no tiene por qué hacerse a través de una desregulación ambiental, ni a costa de los derechos de información ambiental de la ciudadanía, si no a través de otras herramientas que favorezcan el emprendimiento verde. En ese sentido, desde CCOO solicitamos que en la sesión de las Cortes no se convalide el Decreto-Ley, pues consideramos que esta crisis no debería ser un retroceso en la prevención de la contaminación.

    Es evidente que necesitamos políticas de recuperación inmediatas y eficaces, y estas deben tener un enfoque distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Debemos enfocar la recuperación en el sentido adecuado. En ese sentido, esta crisis no debe suponer un retroceso en la determinación para hacer frente a la emergencia climática y los paquetes de estímulos económicos deben servir para impulsar la transición ecológica, con un compromiso pleno con la transición justa.

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