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CCOO traslada su indignación sobre las consecuencias del incendio de Navalacruz, y exige a la Junta responsabilidades y contundencia en su aplicación

    Comisiones Obreras lamenta profundamente la tragedia que está suponiendo el incendio iniciado en Navalacruz y que ha arrasado la Sierra de la Paramera y otras zonas de la provincia de Ávila. Ante el desgarrador desastre medioambiental que supone este suceso, y el enorme impacto económico y social que arrastra, con la muerte de ganado, la pérdida de terrenos forestales y de pastos, las numerosas evacuaciones de población, las edificaciones e instalaciones perdidas, en una población ya de por sí mermada de posibilidades de futuro en sus pueblos, así como el riesgo a que ciudadanos, ciudadanas y personas trabajadoras de los servicios de extinción se han visto expuestos en el desempeño de su cometido profesional, nuestro sindicato exige responsabilidades inmediatas y contundencia en la aplicación de las mismas.

    18/08/2021.
    Fotos Ical.

    Fotos Ical.

    Desde CCOO se exige a la Junta de Castilla y León la revisión de su política de prevención de una forma urgente, así como a evaluar y actuar sobre los posibles fallos que se puedan haber producido en la coordinación y activación de la extinción, para lo cual será importante conocer las aportaciones de los propios trabajadores y las trabajadoras de los servicios, cuyo conocimiento es un enorme valor que no se escucha. La asunción de responsabilidades en la toma de decisiones, en este hecho, en caso de confirmarse la descoordinación y los errores, será obligatoria.

    Además, de cara al futuro, el sindicato recuerda que, como así se ha denunciado en múltiples ocasiones, las labores de prevención deben hacerse durante todo el año, contando con una plantilla adecuada a las necesidades, aspecto que se hace más evidente en una situación como la actual, de cambio climático que está agudizando los problemas ambientales en general y el riesgo y consecuencias de los incendios en particular. La Junta de Castilla y León debe adecuar los servicios de extinción a las nuevas condiciones climáticas, pero sobre todo centrarse en la gestión y limpieza de la superficie forestal durante todo el año, uniendo esta actividad con la promoción de la actividad ganadera extensiva, la recuperación de usos tradicionales del monte, y la incorporación de gestión forestal sostenible con diversificación del uso del territorio. Es una necesidad para la provincia de Ávila, y es una obligación para los ciudadanos de estos territorios.

    Es necesario apostar por una gestión adecuada, por una prevención mantenida y por el mantenimiento de dotaciones de extinción con condiciones dignas. Esta apuesta por la gestión, no sólo fijaría población en un medio rural abandonado, sino que sería más económico en contraposición del inmenso coste de los servicios de extinción frente a los de prevención. Si no se hace, la Junta estará abandonando el territorio que debe defender, a los ciudadanos y a los trabajadores de estos servicios.

    “Llueve sobre mojado en lo concerniente al proceder de la Junta de Castilla y León”

    Una vez más, y ya son muchas en los últimos tiempos, se comprueba con estupor como las advertencias de los profesionales forestales, de las que este sindicato se ha hecho eco y defendido año tras año, no se han considerado por parte de la Junta de Castilla y León, responsable de la política forestal en la Comunidad. Desde Comisiones Obreras se viene repitiendo desde hace años la necesidad de contar con unos medios profesionales suficientes en el campo de la prevención con carácter permanente, que permitan mantener la superficie forestal en condiciones adecuadas para que los incendios, en caso de producirse, no acarreen consecuencias tan devastadoras como este incendio. Pues bien, “sigue lloviendo sobre mojado”.

    Además de la palmaria ausencia de gestión durante el año, se añade un déficit de personal en el servicio de extinción en la provincia abulense, y también en las del resto de la Comunidad, como se denunció por parte del sindicato en julio de este mismo año. En Ávila existe una temporalidad insostenible con sólo 4 de los 83 puestos ocupados por personal fijo, un 33% de los puestos de agentes ambientales temporales, un 25% de vacantes en los puestos de los técnicos que tiene que dirigir el operativo con jubilaciones sin cubrir desde hace tiempo. Como muestra, hace sólo unos días se convocaban dos plazas interinas de técnico para el servicio, en plena época de riesgo extremo, cuando todo el dispositivo debería haber estado cubierto adecuadamente antes del inicio de la campaña de verano.

    Esta insoportable ausencia de cobertura técnica se hace igual de patente con la provisión de efectivos de las cuadrillas, en las que la subcontratación y los trabajos temporales son una constante en los operativos, con contratos de tres meses a los trabajadores y trabajadoras, provocando una rotación y unas condiciones laborales que dificultan la profesionalización necesaria de un servicio tan importante para la sociedad.

    A pesar de todos estos problemas, las personas trabajadoras de los servicios de extinción han demostrado una inconmensurable profesionalidad, en una actividad que está muy por encima de las condiciones que se les ofrecen, muy precarias en muchas ocasiones, desarrollando un trabajo durísimo en unas condiciones extremas, y expuestos a accidentes laborales, como el del trabajador atropellado durante las labores de extinción, o como una de las cuadrillas terrestres que casi resulta atrapada en medio del incendio.

    A las carencias en la cobertura de puestos para prevención y la apuesta decidida de parte de la Junta por la externalización, que se transforma en precarización de las labores de extinción, se añade una política forestal que no apuesta por la gestión del territorio y el asentamiento poblacional y su futuro. Esta solución serviría para reducir el riesgo de incendio o las consecuencias de estos. Nos preguntamos desde el sindicato cuáles han sido las acciones ejecutadas años después de que otro incendio se produjera en Navalacruz, aquel con consecuencias mucho menores. Quizá en la respuesta se pueda conocer la nula apuesta de la Junta por el desarrollo rural, que supondría la prevención y la adecuada gestión.