CCOO de Castilla y León | 29 marzo 2024.

2022-12-19

CCOO reivindica en el Día del Migrante, los servicios de integración socio laboral eliminados por la Consejería de Empleo

    Hoy se celebra el Día Internacional de la Persona Migrante. En Castilla y León la población de origen extranjero ha superado, por primera vez, las 200.000 personas, un 8% de la población total, quedando aún por debajo del 13% que suponen en media nacional. Según su lugar de procedencia, viven en CyL 137.144 ciudadanos de la UE y 62.938 extracomunitarios, que son los que han liderado el incremento en nuestra comunidad.

    19/12/2022.
    Foto CCOOCyL

    Foto CCOOCyL

    Más de 200 millones de personas en el mundo trabajan fuera de su lugar de nacimiento. Junto con sus familias, los trabajadores migrantes se mueven y cambian su país de residencia buscando un futuro mejor para sus familias. Porque la migración es básicamente un tema laboral, los derechos de la población migrante son los derechos de los trabajadores.

    La secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Nieves Granados, reconoce que es posible que la esperada reforma de la Ley de Extranjería y el desarrollo de su reglamento hayan impulsado la llegada de trabajadores, pero lo que verdaderamente supone un “efecto llamada” es “el aluvión de declaraciones por parte de diferentes empresarios en todos los medios de comunicación de España clamando por la falta de personal para sus negocios”. Incluso nuestra comunidad autónoma, con menor porcentaje de inmigrantes que la media nacional, ha incrementado significativamente la población de origen extranjero. En estos momentos, “tenemos el deber de asegurar la protección de sus derechos como medida esencial para lograr un trabajo decente para todos y todas las personas extranjeras”.

    En este contexto, es donde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo decidió suprimir los servicios de integración socio laboral que los Agentes Sociales, desde el mundo del trabajo, prestaban a la ciudadanía. Nieves Granados recuerda que el titular de la cartera lo ha justificado explicando que “supone un gasto superfluo dedicar un presupuesto específico a este colectivo, ya que pueden acceder a los mismos recursos que los demás ciudadanos”. Así debe ser, pero no nos cabe duda de que el desarrollo de servicios específicos de asesoramiento es una herramienta que facilita la integración: La saturación que sufren las oficinas de extranjería supone retrasos de hasta 3 meses para conseguir una cita presencial; en las administraciones se funciona con cita previa, hay que saber dónde y cómo pedirla; muchos trámites se realizan con certificado digital al que no pueden acceder las personas extranjeras por falta de conocimientos o de recursos digitales; en las escuelas ya no hay apoyo para los y las menores que llegan sin conocimiento de español o procedentes de otros países a mitad de curso, ¿seguimos con la lista de problemas a los que se enfrenta una persona que acaba de llegar a Castilla y León para trabajar, sin conocimiento del país, ni de su organización, ni sus administraciones?

    Desde CCOO, exigimos que la Junta de Castilla y León recupere este servicio “imprescindible en estos momentos en los que como queda demostrado aumenta la población foránea y, por tanto, el compromiso del Gobierno autonómico para resolver sus problemas de integración debe ser rotundo”.

    Del colectivo de ciudadanos y ciudadanas de la UE, las personas que proceden de Rumanía constituyen el 23% de la población, desde Bulgaria han llegado un 17% y casi un 10% de Portugal. Entre los No comunitarios, los marroquíes constituyen un 10% del total, seguidos, a gran distancia, por personas procedentes de Ucrania, Colombia, Venezuela y China.

    Es fácil describir la aportación de estos trabajadores. En el sistema de la seguridad social existen a finales de octubre 33.319 afiliados comunitarios y 40.860 afiliados no comunitarios. Un total de 74.178 en Castilla y León, 40 mil hombres y 34 mil mujeres, y sabemos donde están: suponen un 22% de los trabajadores en labores agrícolas y ganaderas, un 24% del total de la Hostelería, un 18% de la Construcción, y el 44% de las personas que cuidan nuestros hogares, a nuestros mayores e hijos.

    La aportación que los más de 200.000 extranjeros realizan a la sociedad y a la economía de Castilla y León es evidente. Pero la actuación del gobierno regional, que por ley tiene la responsabilidad de favorecer la integración de la población extranjera, tampoco está a la altura.