CCOO de Castilla y León | 19 abril 2024.

Villalar 2024

2023-01-12

CCOO denuncia la supresión de la formación con medios propios de la Administración para desempleados

    La situación en los centros de formación del Servicio Público de Empleo es de práctica parálisis. Sin actividad y sin medios, los ocho centros existentes corren el riego de cerrarse definitivamente este año, pese a que la existencia en la RPT del Ecyl de plazas de profesorado funcionario permitiría mantener cierta actividad formativa más allá del obstáculo que plantea la Reforma Laboral.

    12/01/2023.
    Fotos CCOOCyL.

    Fotos CCOOCyL.

    La situación de las políticas activas de empleo sigue deteriorándose peligrosamente en Castilla y León. Mientras, el Consejero responsable continúa empleado en aniquilar los pilares básicos de diálogo y mejora de los servicios a las personas ocupadas y, sobre todo, desempleadas de la Comunidad construidos durante años.

    Uno de los últimos ejemplos de esta deriva es el proceso silencioso de eliminación de la oferta de formación con medios propios de la Administración para trabajadores desempleados. Fruto del diálogo social, esta oferta había crecido de manera muy importante durante la última década, incorporándose desde hace años a la impartición de estas ofertas, junto a los centros de formación del Servicio Público de Empleo, la red de centros integrados de formación profesional, una treintena entre los dependientes de la Consejería de Educación y los de la Consejería de Agricultura. En esta extensión, por la que ahora apuesta expresamente la nueva Ley de Integración de la Formación Profesional, fue pionera nuestra Comunidad. Y ahora, paradójicamente, seremos pioneros en perderla.

    Estas ofertas han asegurado, durante años, una formación de calidad y eran el mejor instrumento que tenía la Administración para garantizar la diversidad de esa oferta, ya que la que se imparte a través de entidades colaboradoras sigue año tras año insistiendo en las mismas ofertas, por la inercia con la que se planifica y adjudica.

    La entrada en vigor de la Reforma Laboral, que suprime el contrato de obra, dio la coartada para paralizar y suprimir la oferta de certificados en todos estos centros públicos durante 2022 ya que ésta era la fórmula habitual de contratación del profesorado para la impartición de estos cursos. Podían haberse buscado otras opciones, tanto en los centros del Servicio Público de Empleo como en los centros de formación profesional, pero no se exploró ninguna.

    Únicamente se ha buscado la fórmula de sustituir esos contratos de obra por la contratación de autónomos como docentes, para lo que se está tramitando una modificación raquítica de la norma reguladora del fichero de expertos docentes, norma absolutamente desactualizada sobre la que llevamos años también reclamando su actualización y su adecuación a las necesidades actuales del sistema de formación para el empleo. Esta modificación normativa en tramitación se limita a este cambio en el modelo de contratación –ni siquiera actualiza la referencia a legislación que ya no está vigente-, optando precisamente por una figura que ya fue descartada hace años por el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

    Y mientras esta modificación se está tramitando, y la actividad en los centros continúa paralizada, aparentemente a la espera de la nueva norma, los Presupuestos de la Comunidad, sin ninguna explicación, reducen prácticamente hasta la supresión, la partida que tendría que financiar en 2023 todas estas ofertas, por lo que, una vez perdidos los fondos de 2022, tampoco parece que haya expectativa de que los centros públicos recuperen este año esa actividad, sino más bien todo lo contrario.

    Como la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ya denunció recientemente, la situación en los centros de formación del Servicio Público de Empleo es de práctica parálisis. Sin actividad y sin medios, los ocho centros existentes corren el riego de cerrarse definitivamente este año, pese a que la existencia en la RPT del Ecyl de plazas de profesorado funcionario permitiría mantener cierta actividad formativa más allá del obstáculo que plantea la Reforma Laboral. Hay asimismo una incertidumbre absoluta para el empleo de todos los expertos docentes externos que impartían formación en toda esta red de centros.

    La nueva configuración del Sistema de Formación Profesional atribuye al Ministerio de Educación la oferta de certificados de profesionalidad, lo que hace más compleja aún la situación en estos momentos. Pero, sin duda, dejar deteriorarse definitivamente el modelo existente y perder los recursos públicos que aseguraban la prestación de servicios a los desempleados de Castilla y León es cuando menos una grave irresponsabilidad, que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo está promoviendo directamente y el conjunto del Gobierno de la Comunidad acepta tácitamente y consiente.

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