CCOO de Castilla y León | 25 abril 2024.

Villalar 2024

2023-01-18

CCOO y UGT piden al Ministerio de Trabajo que intervenga ante la ilegalidad de la disolución del SERLA

    Las organizaciones sindicales de CCOO y UGT de Castilla y León nos hemos dirigido por escrito al Ministerio de Trabajo para que “actúe de forma rápida y contundente” con el fin de evitar la eliminación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

    18/01/2023.
    Foto CCOOCyL

    Foto CCOOCyL

    En el escrito apelamos a la necesidad de que el Ministerio intervenga en defensa de la legalidad y la Constitución violentada de forma clara por la actuación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León.No en vano, la Constitución articula mecanismos para que el Gobierno requiera el cumplimiento de la legislación como ya ha quedado demostrado con el protocolo anti abortista.

    En la carta se pone en conocimiento del Ministerio que el Patronato del SERLA aprobó el pasado 13 de enero el inicio de la tramitación para su eliminación por no tener financiación pública porque en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el 2023 no aparece dicha partida como venía siendo habitual desde hace 25 años. La Fundación tiene director y seis trabajadores y gestiona en torno a 4.500 conflictos individuales en Valladolid y 341 colectivos en 2022 en la Comunidad.

    UGT y CCOO estamos convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales y ello conlleva“el incumplimiento de varias normas esenciales”. Entre ellas, podrían enumerarse derechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal.

    Además, existe una sentencia del Tribunal Supremo, en casación, de 30 de julio de 2020, por la cual en Castilla y León el requisito previo y preceptivo de mediación contemplado en el artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se tiene que llevar a cabo de manera exclusiva en el SERLA/Organismos de Solución Autónoma de Conflictos.

    En la carta, también se pone en conocimiento del Ministerio de Trabajo que la Consejería de Empleo no reconoce la legalidad vigente y la legitimidad de la representación sindical (y patronal), porque se han eliminado de los presupuestos de 2023 la subvención nominativa. Esa partida presupuestaria servía para compensar el papel que la Constitución nos atribuye en la negociación colectiva, la participación institucional de la Junta y en los diversos procesos de diálogo social. Esto tendrá también su recorrido jurídico por parte de nuestras organizaciones, ya que está recogido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 8/2008 de creación del Consejo de Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional de Castilla y León.

    CCOO y UGT han trasladado también el desmantelamiento de las políticas públicas en torno a las relaciones laborales, la prevención de riesgos, las políticas de igualdad y las políticas de empleo y formación para el empleo, etc. Han desaparecido más de 25 programas y líneas de subvención en estas materias (incluidas algunas estatales no ejecutadas a propósito), que junto a la inutilidad de la participación institucional en todos los órganos de estos ámbitos laborales, “sitúa de forma precaria, alarmante y denunciable a nuestra Comunidad dentro del conjunto nacional”.

      •