CCOO de Castilla y León | 28 marzo 2024.

2023-02-07

El Ayuntamiento de Valladolid denuncia que la Junta incumpla acuerdos del Diálogo Social

    El Consistorio se ha comprometido en el pleno a dar cobertura a empresas y personas trabajadoras de Valladolid que queden desamparadas como consecuencia de estos incumplimientos. Además, ha reclamado a Mañueco que recomponga el Diálogo Social y garantice la continuidad del SERLA

    07/02/2023.
    Foto CCOOCyL.

    Foto CCOOCyL.

    El Ayuntamiento de Valladolid se ha comprometido en el pleno celebrado hoy a dar cobertura, en el marco de sus competencias, a las empresas y personas trabajadoras de la ciudad que queden desamparadas por la Junta de Castilla y León a consecuencia de sus incumplimientos en el ámbito del Diálogo Social y a cumplir con sus obligaciones fijadas en la "Cuarta Estrategia Integrada Local de Empleo y Política Social".

    El Consistorio también ha acordado reclamar al presidente del gobierno autonómico que recomponga de forma inmediata el Diálogo Social y que cumpla los compromisos de la Junta con CCOO, UGT y CEOE, así como que reintegre los fondos que les ha sustraído a estos agentes sociales para actividades de formación, orientación y prevención.

    Otro de los puntos que exige el Ayuntamiento a la Junta es que garantice la continuidad del SERLA, en los mismos términos que hasta ahora. Precisamente, eliminar el servicio de relaciones laborales ha sido, según la moción, el último episodio de la persecución de la Junta. Su supresión, aparte de acarrear una grave inseguridad jurídica, provocará más conflictos (que también serán más duraderos), derivará en más procesos judiciales y encarecerá los gastos a cargo de empresas y personas trabajadoras.

    El Grupo Municipal Socialista-PSOE junto a Valladolid toma la palabra ha decidido presentar esta moción, que se ha aprobado con una amplia mayoría de 26 de 27, solo no respaldada por Vox, con la intención de “revertir esta lamentable situación” que se está viviendo en Castilla y León y que depende exclusivamente de que el presidente de la Junta rectifique y “recupere la senda de la responsabilidad y la legalidad”.