CCOO de Castilla y León | 6 octubre 2024.

2024-09-28

CCOO y UGT reclaman medidas para que el aborto sea un derecho efectivo en la sanidad pública

    28/09/2024.
    CCOO y UGT reclaman medidas para el derecho efectivo al aborto

    CCOO y UGT reclaman medidas para el derecho efectivo al aborto

    CCOO y UGT denuncian que a día de hoy la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho efectivo para las mujeres en el Estado español. Y es que, pese a su reconocimiento en las leyes, no se han puesto en marcha las políticas públicas, medidas y recursos para que pueda ejercerse, especialmente en la sanidad pública.

    Así, los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad correspondientes a 2022 y publicados en 2023 indican un insuficiente desarrollo de esta prestación en la cartera de servicios comunes: la implementación es escasa en todo el territorio español y está especialmente poco desarrollada en algunas comunidades autónomas.

    La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya regulaba la IVE para todas las mujeres del territorio español, de forma universal y dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, además, se modificó en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo con el intento de incorporar una mejora y extensión de la atención a las mujeres en estas áreas. Entre otros aspectos, se garantiza a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan y se regula la objeción de conciencia.

    CCOO y UGT hemos solicitado una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, para que se nos facilite información sobre las políticas públicas que se están llevando a cabo para garantizar el acceso al derecho al aborto en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el Estado; y más en concreto, sobre el grado de implementación de los registros de objetores de conciencia, una garantía necesaria para las mujeres, pero también para las y los profesionales que desean atender este derecho sin sufrir persecuciones ni estigma.

    Asimismo, hemos registrado un escrito conjunto para solicitar que esta materia sea incluida con un punto específico en la próxima reunión del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.