CCOO de Castilla y León | 15 mayo 2026.

2025-11-07

24º Aniversario de la “declaración institucional” en favor del diálogo social en Castilla y León

    07/11/2025.
    Foto CCOO CyL

    Foto CCOO CyL

    Este domingo 9 de noviembre se cumplen 24 años del salto cualitativo y cuantitativo de los procesos de concertación, de diálogo social tripartito en nuestra Comunidad. Este hecho se produjo con la firma de la declaración institucional denominada “Acuerdo para el impulso del diálogo social en Castilla y León”, firmada por el presidente Herrera, los secretarios generales de CCOO (Jesús Pereda) y UGT (Fermín Carnero) y el presidente de la patronal, José Elías Fernández, en el año 2001.

    Se dice impulso porque ya con anterioridad hubo negociaciones y acuerdos muy importantes desde 1990, tales como la creación del Consejo Económico y Social y la Agencia de Desarrollo Económico (actual ICE), el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), el primer “acuerdo de diálogo social para el desarrollo socio-económico de CyL en 1997, la creación del Servicio de Relaciones Laborales, SERLA,” o el primer Plan de Empleo 1998-2000, por citar algunos.

    Sin duda ninguna, en el año 2001 se produjo un salto definitivo a un modelo único y muy avanzado de proceso de concertación con el gobierno de la Junta, que conllevó una importante declaración institucional y la apertura en tres bloques diferentes de 19 mesas de negociación prácticamente a la vez (Zapatero utilizó posteriormente este modelo en el ámbito del Estado), y además, creaba de facto un órgano de máximo nivel de participación institucional y a la vez de negociación y concertación social, el Consejo de Diálogo Social de Castilla y León, que se trasladó, entre otras materias, a la ley del consensuado Estatuto de Autonomía en el 2007 y se desarrolló después, en la Ley 8/2008, de creación del Consejo de Diálogo Social y de regulación de la participación institucional de Castilla y León,

    En este largo proceso se han acordado numerosas materias, de casi imposible exposición aquí, pero que de modo muy somero podríamos señalar: más de diez leyes, aprobadas todas, salvo una, por unanimidad en las Cortes y muchos decretos, cientos de ordenes que regulan programas públicos de ayudas e incentivos, de prestación de servicios, en el ámbito económico, laboral, social, en multitud de materias de igualdad, de empleo, de la salud laboral, de formación, de ayudas a vivienda, de juventud, de industria, de materia socioeducativa, de programas de conciliación, contra la violencia de género, de programas de protección, de dependencia, de inmigración, de precios públicos universitarios y las becas, y un larguísimo etcétera.

    Nuestro Estatuto de Autonomía y esta ley 8/2008 fueron pioneras en España en este ámbito. Hoy existen al menos seis Comunidades Autónomas que la tienen a imagen y semejanza de ella, así como existe un proyecto de norma estatal sobre esta materia, que está básicamente acordada y guardada en un cajón, por la imposibilidad de aprobarla en estos momentos de dificultad parlamentaria en el Congreso.

    Este proceso de concertación al máximo nivel, ha sido reconocido en España y por la Organización Internacional del Trabajo OIT, como uno de los mejores modelos en el mundo de diálogo social tripartito. Así fue, incluso en momentos muy difíciles, como lo fue la crisis del 2008, con los enormes recortes de políticas públicas posteriores, sobre todo a partir del 2012, donde se logró mantener la negociación y el modelo porque logramos acordar materias muy importantes para nuestros intereses: la renta garantizada de ciudadanía como derecho subjetivo por ley en 2009, ayudas económicas a trabajadores/as en ERE, en ERTE (55 años) y también a personas desempleadas (IAE, PIE), con programas de mucha creación de empleo y prestación de servicios con unos presupuestos importantes y normativas adecuadas para ejecutar por los Ayuntamientos y Diputaciones, mejoras importantes en el sistema de la dependencia, en materias de igualdad y conciliación, etc.

    Este proceso desde el 2001 duró hasta el año 2022, si bien con problemas muy serios en los últimos años durante el gobierno de coalición con Cs. La coalición posterior del PP con la extrema derecha conllevó, como era de prever, que el proceso entrara en barrena y como demostración baste con decir que en esta etapa no se firmó ningún acuerdo de diálogo social con el Presidente de la Junta. O que tuvimos que ir a los tribunales de justicia a reclamar y ganar lo que nos habían arrebatado ilegalmente.

    No obstante, hay que constatar que se mantuvieron bastantes acuerdos en vigor en las consejerías del PP (aunque se incumplieron algunos y se derogaron varios importantes por la extrema derecha). En 2024, ya en otoño, recuperamos parte de este proceso y se pudieron firmar cuatro acuerdos, y en abril del 2025, se firmaron otros cinco acuerdos, de tal manera que se recuperaba buena parte del contenido fundamental de estos procesos de concertación y cierta confianza entre las partes. De hecho, hay 15 acuerdos de diálogo social autonómico en vigor, que hay que desarrollar y hacer cumplir, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras y de la ciudadanía en general.

    Sin embargo, hay dificultades serias actuales entre los propios miembros del diálogo social y con la Junta, derivados de estas pasadas etapas y también por incumplimientos muy graves, por ejemplo, en materia del Serla o en materia del operativo de incendios/acuerdo “forestales”, entre otros. Y, por lo andado recientemente, no parece que vayan a tener fácil salida en este año 2025. El futuro próximo, muy cercano ya, con elecciones el 15 de marzo de 2026, no augura nada bueno para nuestra Comunidad, al igual que para alguna otra comunidad autónoma, ya que todo parece indicar que, por desgracia, puede volver la extrema derecha al Gobierno de Castilla y León. Debemos hacer todo lo posible para que esto no suceda.