CCOO de Castilla y León | 6 octubre 2026.

2026-09-15

CCOO denuncia la “insumisión judicial” del Ayuntamiento de Ávila y pregunta al alcalde si está dispuesto a incumplir la ley

    El Sindicato exige la ejecución inmediata de las sentencias sobre valoración de puestos y recuerda que el juzgado ya ha apercibido de multas personales y de posibles responsabilidades penales. Comisiones Obreras de Ávila denuncia por enésima vez el reiterado incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Ávila de resoluciones judiciales firmes que obligan a valorar correctamente los puestos de trabajo de la plantilla municipal y exige al alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que garantice de forma inmediata su ejecución, como máximo responsable de la institución que representa.

    15/09/2026.
    Diputación Ávila

    Diputación Ávila

    El Sindicato considera que la situación ha alcanzado una gravedad que ya no puede ser presentada como una cuestión meramente administrativa o técnica. Existen sentencias firmes, requerimientos judiciales y un apercibimiento expreso del juzgado ante un eventual incumplimiento, por lo que CCOO entiende que el Ayuntamiento debe dejar de dilatar los procedimientos y cumplir, sin más excusas, aquello que han ordenado los tribunales.

    El Secretario General de CCOO de Ávila, Alberto Novoa, señala que “una Administración pública no puede elegir qué sentencias cumple, cuándo las cumple o cómo las cumple. Las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento y el Ayuntamiento tiene que asumir sus responsabilidades”.

    CCOO ha vuelto a solicitar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales y la identificación de las personas, autoridades o funcionarios responsables de su inejecución.

    Esta petición se produce después de que el propio órgano judicial haya constatado que la sentencia no había sido ejecutada en sus propios términos y haya requerido al Ayuntamiento para que proceda a cumplir lo ordenado.

    El auto judicial establece, además, un apercibimiento expreso: “el incumplimiento podría implicar desobediencia al juzgado y la imposición de multas coercitivas sobre el patrimonio personal de quienes resulten responsables, multas que podrían reiterarse hasta conseguir la ejecución de lo acordado”. El mismo pronunciamiento contempla la posibilidad de deducir testimonio por aquellos hechos derivados del incumplimiento que pudieran revestir carácter delictivo.

    Para CCOO, este extremo resulta especialmente relevante porque demuestra que las consecuencias de no ejecutar las resoluciones judiciales no son una advertencia del Sindicato, sino una posibilidad expresamente contemplada por el propio órgano judicial.

    El conflicto tiene su origen en una sentencia dictada en 2023, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila, que obligaba al Ayuntamiento a valorar un puesto de trabajo atendiendo a las funciones efectivamente desempeñadas. El Consistorio recurrió la resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó posteriormente la obligación de realizar dicha valoración.

    Sin embargo, según denuncia CCOO, el Ayuntamiento dilató durante meses la ejecución de la sentencia, llegando a establecer un periodo de aproximadamente diez meses para su cumplimiento. Cuando finalmente se aprobó una valoración, el trabajador afectado volvió a recurrir al considerar que la resolución municipal no ejecutaba correctamente lo establecido por los tribunales.

    El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León volvió a dar la razón al trabajador y señaló que el puesto debía valorarse “de modo más ajustado a la realidad actual”, cuestionando además la utilización de criterios contenidos en un manual de 2001 frente a otros trabajos de valoración más recientes utilizados por el propio Ayuntamiento. Para CCOO, el pronunciamiento es claro: no se puede pretender resolver en el presente una realidad laboral utilizando criterios de hace 25 años.

    “Los trabajadores tienen que ganar dos veces”

    El Sindicato denuncia que esta situación está convirtiendo el acceso a la justicia en una carrera de obstáculos para los empleados municipales. “Los trabajadores están teniendo que ganar dos veces: primero tienen que acudir a los tribunales para que se reconozcan sus derechos y después volver a ellos para que el Ayuntamiento cumpla las sentencias”, denuncia Novoa.

    CCOO considera especialmente grave que los trabajadores tengan que soportar durante años el desgaste personal, profesional y económico derivado de unos procedimientos que podrían evitarse si el Ayuntamiento desarrollara una política de recursos humanos seria y negociada.

    El propio hecho de que determinados puestos de trabajo hayan sido valorados correctamente, incluso sin necesidad de que sus trabajadores acudieran previamente a los tribunales, demuestra, a juicio de CCOO, que el Ayuntamiento dispone de capacidad para hacerlo cuando existe voluntad de resolver los problemas.

    CCOO considera que la responsabilidad concreta que pudiera corresponder a autoridades o funcionarios por la inejecución de una resolución deberá ser determinada, en su caso, por los órganos competentes. Pero el Sindicato reclama al Alcalde que asuma su responsabilidad política como máxima autoridad municipal.

    “Jesús Manuel Sánchez Cabrera no puede mirar hacia otro lado. Es el Alcalde y tiene la obligación política de garantizar que el Ayuntamiento que preside respete las resoluciones judiciales”, afirma Novoa.

    Para CCOO, gobernar un Ayuntamiento no consiste únicamente en aprobar presupuestos, inaugurar obras o realizar anuncios públicos. También significa cumplir la ley y ejecutar las sentencias judiciales.

    CCOO reclama que el Ayuntamiento abandone definitivamente una política de recursos humanos basada en resolver los conflictos, puesto a puesto y sentencia a sentencia. El Sindicato vuelve a defender una negociación colectiva que permita abordar de manera global la valoración de los puestos de trabajo mediante criterios objetivos, actuales, homogéneos y transparentes.

    “Si el Ayuntamiento quiere negociar una nueva RPT, CCOO estará en la mesa. Pero una negociación no puede hacerse a espaldas de los representantes de la plantilla ni utilizarse como una nueva excusa para retrasar el cumplimiento de las sentencias”, señala el Sindicato.

    La Organización Sindical advierte asimismo de que la prolongación de estos conflictos tiene consecuencias para las arcas municipales. Los recursos, procedimientos judiciales, costas y gastos derivados de una gestión de personal que no resuelve los problemas generan un coste que termina pagando el conjunto de la ciudadanía.

    Mientras tanto, son los trabajadores quienes soportan la incertidumbre y el desgaste de tener que acudir reiteradamente a los tribunales para conseguir que se respeten derechos ya reconocidos judicialmente.

    Por todo ello, CCOO exige al Ayuntamiento de Ávila que cumpla inmediatamente las resoluciones judiciales y abandone cualquier estrategia de dilación. El indicato advierte de que seguirá utilizando todas las vías sindicales y jurídicas a su alcance hasta conseguir que las sentencias se ejecuten íntegramente.