CCOO de Castilla y León | 4 mayo 2024.

2023-09-22

LA CUESTIÓN IDEOLÓGICA DE LA INMIGRACIÓN

    El Ayuntamiento de Burgos no va a prorrogar la ayuda económica a los sindicatos CCOO y UGT para el asesoramiento laboral a ciudadanos extranjeros en la capital. Desde su punto de vista, se trata de una subvención ideológica que el equipo anterior graciosamente concedió y ellos se han apresurado a censurar

    22/09/2023.
    Foto CCOO CyL

    Foto CCOO CyL

    Los recursos que se destinen a facilitar la inclusión de las personas inmigrantes en la sociedad burgalesa no son una cuestión de ideología. Nos parece sorprendente escuchar esta afirmación a una persona con responsabilidad política, alcaldesa de la capital más industrializada de nuestra comunidad. Ni desde su perspectiva ni la nuestra puede ser la población inmigrante más que una fuente de riqueza para la ciudad. ¿Hablamos de puestos de trabajo vacantes?

    Según los últimos resultados de la Estadística Continua de Población del INE (1 de julio de 2023, datos provisionales) hay 45.132 personas nacidas fuera de España en la provincia de Burgos, que suponen un 12,5% de la población total. Son 3.547 más que en 2022, año en que a su vez se incrementaron en 3.574. Históricamente, nuestra comunidad no ha sido la primera elección para las personas que llegaban a trabajar en España, pero en los últimos 5 años va aumentando la población de origen extranjero en Castilla y León hasta aproximarse a este 12%. Crece, afortunadamente, pues ello ha compensado nuestro crecimiento vegetativo negativo que en esta provincia fue de 1.700 personas en el 2021 y 2.250, el año siguiente. No es un dato novedoso, pero conviene analizar los parámetros de población, pues no hay crecimiento posible si no tenemos disponible mano de obra para los puestos de trabajo; es un equilibrio precario.

    En esta apresurada medida, a todas luces carente de reflexión, afirman los representantes municipales que el empleo y las políticas migratorias no son competencia de las administraciones locales. Bien cierto es lo segundo, pues la definición de las líneas de política migratoria es competencia del gobierno central; pero de facto, las personas conviven con sus vecinos, ya que es en las comunidades locales donde sucede la integración. Ofrecen oportunidades para que inmigrantes y no inmigrantes interactúen, ya sea trabajando, estudiando o criando a sus familias.

    Y si hablamos de competencias en empleo, conviene conocer la Ley de Empleo vigente desde el 28 de febrero, en la que se regulan expresamente las figuras de las entidades públicas (entidades locales) y privadas colaboradorasde la Agencia Española de Empleo y de los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, enfatizando el papel local y comunitario de los consistorios, la administración más cercana al ciudadano.

    Usando un poco la empatía, podemos adivinar que las dificultades para la integración están en función de la lengua y la cultura a la que pertenecen las personas extranjeras, por lo que pueden necesitar un poco o mucho asesoramiento personalizado. Suprimir estos servicios específicos para trabajadores y trabajadoras extranjeros es la forma de excluir a un grupo de las fuentes necesarias para cubrir sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades humanas. En esta línea, se puede afirmar que la exclusión laboral puede considerarse un tipo de violencia estructural.

    Cuando una gran parte de la población no encuentra trabajo o no tiene el mismo acceso a éste, aflora un estado de violencia que rompe la cohesión social y que agrava las condiciones de vulnerabilidad. La discriminación laboral no sólo afecta a la paz social, atenta contra la dignidad de las personas a las que excluye, impidiéndoles desarrollarse plenamente y relegándolas a la periferia de su grupo social. Es importante que, como sociedad, atendamos las situaciones de injusticia para combatirla a través de acciones inclusivas que generen las mismas oportunidades para todos. Una actitud proactiva de las personas con responsabilidades políticas implica en primer lugar reconocer la situación de vulnerabilidad de las personas trabajadoras extranjeras.

    En nuestra comunidad autónoma el responsable de la consejería de Industria, Comercio y Empleo opina que proporcionar un apoyo específico para personas trabajadoras inmigrantes es un gasto innecesario ya que pueden utilizar los mismos servicios que el resto de la ciudadanía. En base a esta creencia, en el año 2022, suprimió las ayudas a los agentes sociales que en el caso de nuestra organización nos permitían asesorar a 3.600 ciudadanos al año en los Centros de Información a Personas Trabajadoras Extranjeras- CITE y más de 11.000 consultas.

    En el año 2023 los ayuntamientos de Valladolid y Burgos dieron un paso al frente para reponer a su ciudadanía el servicio CITE. Tras las elecciones locales de mayo, el ayuntamiento de Burgos ha cambiado de color y la coalición del PP y VOX ha calificado el servicio CITE de subvención ideológica, antes de finalizar el periodo de 10 meses de actividad que habíamos concertado y previamente a evaluar los resultados obtenidos. No reciben a nuestros representantes ni siquiera para abonarnos los servicios prestados desde enero, porque el ayuntamiento no ha soltado un céntimo, el coste total a día de hoy -salarios, locales, materiales - ha sido sufragado por Comisiones Obreras.

    Suponemos que todos estos argumentos son conocidos por estas señoras y señoros que se dedican a la política. Se trata simple y llanamente de liquidar a los que perciben como eterno enemigo, las organizaciones sindicales que empoderan a los trabajadores. La persecución sindical está tomando formas y modos de otros tiempos y otras latitudes y pasa por insultar y difamar desde posiciones de poder a los representantes de los trabajadores -elegidos democráticamente, igual que los que insultan-. Aunque existe una diferencia fundamental: Comisiones Obreras tiene más afiliados en Castilla y León que el partido de ultraderecha en toda España.

     

    Artículo de Nieves Granados, secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO CyL

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