CCOO ha reclamado a los ministerios de Justicia y Sanidad la inclusión del personal de la Administración de Justicia en grupo 6 de la Actualización 3 de la estrategia de vacunación publicada el pasado día 9 de febrero, “en la que de forma incomprensible para el sindicato ha quedado excluida de los servicios esenciales la Administración de Justicia y su personal”, según manifiesta el delegado en el sector de justicia de Valladolid, Raúl Franco Blanco; mientras que, de forma totalmente justificada y que el sindicato apoya, sí están incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Emergencias y Fuerzas Armadas, el personal docente no universitario y otros profesionales.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León se hace eco de la preocupación de miles de personas ante la ausencia de iniciativas para asegurar la celebración de las oposiciones de enseñanza con seguridad y garantía de salud para los y las participantes. También de la consternación del profesorado en su conjunto, cuya inestabilidad laboral (25% de personal temporal) redunda en la calidad y la capacidad de respuesta educativa ante la crisis sanitaria.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-CyL ha iniciado una campaña para exigir a la Gerencia Regional de Salud de la Junta, y a los gestores de las residencias que trabajan en el ámbito sociosanitario de esta Comunidad, a adoptar medidas de inmediato ante el elevado grado de agotamiento de las personas trabajadoras del Sacyl y de estos centros debido a la pandemia. Además de insistir en la denuncia pública, el objetivo que se persigue con ella es que la Gerencia aplique las medidas de obligado cumplimiento para aliviar una fatiga muy agravada por esta tercera ola y la aplicación del “Decretazo”.

¡Fumata blanca! La undécima reunión de la Comisión Negociadora para alcanzar un acuerdo en el nuevo convenio para la plantilla del Grupo Renault España (GRE) ha sido la decisiva. Las representaciones de la multinacional y de los sindicatos participantes en la mesa han alcanzado un principio de acuerdo para los próximos cuatro años (2021-2024). Ahora solo resta la ratificación por parte de las personas trabajadoras en todos los centros de trabajo repartidos a lo largo y ancho de la geografía nacional. “En la jornada de hoy -por ayer- hemos conseguido salvar importantes distancias que surgían con la Dirección de la Empresa en la negociación colectiva, y se ha conseguido detener el impacto que suponía para los trabajadores y trabajadoras su propuesta inicial alcanzando logros importantes”, señalan desde la Sección Sindical de CCOO en esta compañía.

A pesar de las necesidades acuciantes de este material en los centros, y la demora ya acumulada desde su anuncio en prensa, la Dirección Provincial de Educación de Ávila no está haciendo los envíos a los centros porque se mantiene a la espera de que “alguien se pase a por ellos”. Es una práctica habitual de esta Dirección no realizar envíos a tiempo a los centros educativos de diverso material a expensas de que alguien “se pase” a por ello en la Calle Cruz Roja. Ya ha habido precedentes de este hecho con las pruebas de nivel de Primaria, mascarillas, etc. En este caso se están observando demoras en la llegada de los medidores de CO2 a determinados centros.

El Comité General de Empresa de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha convocado para finales de este mes de febrero y durante el próximo mes de marzo numerosos paros parciales de dos horas por todo el país para denunciar la apuesta de esta empresa pública por un modelo de negocio muy alejado de las auténticas necesidades de la ciudadanía; y por la extrema carencia de personal. Este proceso de movilización culminará, por el momento, el próximo día 26 de marzo con una huelga de una jornada de duración.

Las organizaciones sindicales denuncian la responsabilidad directa del presidente de Correos en la exclusión de los más de 55.000 trabajadores y trabajadoras de la mayor empresa pública de este país de la vacunación del personal de los servicios esenciales, al dejar el servicio público postal y a los empleados y empleadas públicas que lo prestan fuera del Real Decreto de Estado de Alarma del pasado 15 de marzo de 2020 que definía los servicios esenciales.

Tras meses de incumplimiento legal en materia de prevención de riesgos laborales, los sindicatos CCOO y UGT han obligado a Correos a cumplir con la ley, constituyendo así el Comité de Seguridad y Salud en la provincia de Valladolid.

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos a nivel nacional, vienen denunciando desde hace meses que la Dirección está externalizando parte de sus actividades hacia empresas del propio “Grupo Correos” (Correos Express y Nexea), lo que ocasiona una disminución de carga de trabajo y pérdida de empleo en la empresa matriz, y un debilitamiento intencionado del Servicio Postal Público Universal (SPU) que se presta a la población, que es la verdadera razón de ser de Correos como servicio público centenario.

Tras meses de incumplimiento legal en materia de prevención de riesgos laborales, los sindicatos CCOO y UGT han obligado a Correos a cumplir con la ley, constituyendo el Comité de Seguridad y Salud en la provincia de Ávila. El pasado día 2 de febrero se constituyó este comité, que es el órgano legalmente previsto en el que la empresa tiene que informar y dar participación a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, donde además deben discutirse, antes de que se implanten, las decisiones para evitar riesgos y daños a la salud de las más de 170 personas que trabajan en el servicio público postal en nuestra provincia.

El Real Decreto-ley publicado ayer, día 3 de febrero de 2021, supone un evidente paso adelante al reconocer el carácter de enfermedad profesional de los trabajadores y trabajadoras sanitarias y sociosanitarias. Sin embargo, CCOO manifiesta su preocupación porque no de una cobertura completa a todas las personas potencialmente afectadas por su empleo en centros sanitarios y sociosanitarios.

La mayoría de los sindicatos sanitarios en el ámbito público (CCOO, SATSE, CESM y USAE) quiere transmitir a la opinión pública de la Comunidad que la inoperancia de la Consejería se vuelve de nuevo contra los profesionales sanitarios. Desde la propia Gerencia Regional de Salud reconocen que el compromiso público de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de no aplicar el Decreto que eliminaba los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sanitarias, fue una burda mentira; y que desde el primer momento su intención siempre ha sido la de aplicarlo.

La quinta reunión de la negociación del nuevo convenio colectivo para la plantilla del Grupo Renault España ha deparado una de cal y otra de arena. Por un lado, se han producido avances en algunos aspectos sociales y generales, pero por otro, el gigante francés se ha vuelto a enrocar en la necesidad de contener los costes salariales por la situación económica tan “crítica” que atraviesa. Es por ello que ha propuesto la congelación salarial para los años 2021 y 2022, y que para 2023 y 2024 presentará una nueva propuesta. El encuentro entre ambas partes ha tenido lugar en el hotel Lasa Sport de la capital vallisoletana, tras el reinicio de las mismas hace una semana. Mañana viernes día 29 de enero está previsto que se retomen las negociaciones.

CCOO de Enseñanza exigimos a los responsables de la Consejería de Educación de la Junta que es imperativo revisar, redefinir y actualizar los protocolos educativos para poderlos adecuar a la nueva situación de pandemia sanitaria. Por ello, pedimos a las autoridades sanitarias y educativas que los revisen. Solicitamos reforzar las medidas preventivas, como revisar ratios, epis… puesto que en las aulas el profesorado debe compartir espacios no siempre amplios con hasta 25 alumnos y alumnas, con problemas de ventilación por las condiciones de edificios en los que hace tiempo que no se invierte, y frente a un clima que tampoco lo pone fácil.

Comisiones Obreras de Ávila, por medio del Servicio Jurídico y la colaboración de la Federación de Enseñanza, ha logrado que la justicia reconozca el derecho de una funcionaria perteneciente a Muface a recibir asistencia sanitaria de Sacyl. El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila declara el derecho de una funcionaria de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a percibir las ayudas por desplazamiento con fines asistenciales, alojamiento y manutención que establece la Junta al tener que desplazarse al complejo asistencial de Salamanca a recibir tratamiento médico.