CCOO de Castilla y León | 24 noviembre 2024.

2020-02-25

Serla y algunas limitaciones presupuestarias, los únicos incumplimientos del Diálogo Social

    La puesta en funcionamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en todas las provincias y las limitaciones presupuestarias, debido a que los presupuestos generales de la Comunidad están prorrogados desde el 2018, han sido los dos incumplimientos del Diálogo Social en Castilla y León.

    25/02/2020.

    Tanto Vicente Andrés Granado como Faustino Temprano Vergara, secretarios generales de CCOO y UGT, respectivamente, han coincidido a la hora de valorar el grado de cumplimiento en este ámbito. Y también ambos dirigentes han sintonizado en que por lo demás, los compromisos pactados se han llevado adelante en su gran parte.

    En el primer caso, los dos sindicalistas han dejado patente que la extensión del Serla a todas las provincias de Castilla y León, es el gran fracaso del Diálogo Social. En la actualidad solo está operativo en Valladolid. “El laberinto jurídico-administrativo que mantienen las consejerías de Empleo e Industria y la de Economía y Hacienda ha impedido su extensión. Esto es un grave problema. Y lo que es peor, creemos que con este proceder la Junta resta credibilidad a este organismo”, señala nuestro compañero. Es más, Vicente Andrés y su homólogo de UGT han vuelto a incidir en la necesidad de la extensión territorial del Serla. “Tanto es así que aquellos que en un primer momento lo criticaban, en Valladolid, se han sumado a su utilización”, ratifica Andrés.

    Con relación a la prórroga de los presupuestos de este territorio, esta situación ha supuesto el freno en varias materias. Por ejemplo, en lo concerniente a la desgravación fiscal por nacimiento de hijos e hijas, y por la asistencia a centros infantiles de 0 a 3 años. “No se pueden modificar salvo a través de la Ley de presupuestos”, ha zanjado nuestro secretario general. Esta realidad también ha tenido efectos negativos en acuerdos como el de los forestales o el acuerdo de la dependencia y no se ha aportado el dinero pactado en las cuantías pertinentes al no existir nuevos presupuestos. “En ambos casos no se han podido aplicar los incrementos para 2019 y 2020 pactados en acuerdos anteriores”, sostiene Vicente Andrés, y que esperamos que con los presupuestos previstos para 2020 se cumpla todo lo anterior.

    Por segundo vez en la historia desde que está operativo el Diálogo Social en este territorio, ambos responsables sindicales han participado en la Comisión de Empleo e Industria en las Cortes Regionales para informar sobre los acuerdos del Consejo del Diálogo Social. Por espacio de dos horas y media, la sala “Campos de Castilla” del Parlamento autonómico sirvió de escenario para que tanto Andrés como Temprano desgranaran esta tarde lo que para ellos ha dado de sí el Diálogo Social en el último ejercicio y en acuerdos vigentes de años anteriores.

    Nuestro secretario general estuvo arropado en esta cita por aquellos integrantes de su Ejecutiva como Luis Fernández Gamazo (Organización y Comunicación), Saturnino Fernández de Pedro (Empleo, Política Institucional y Negociación Colectiva), Inmaculada de Pablo Arranz (Políticas Sociales y Vivienda), Yolanda Martín Ventura (Mujer y Políticas de Igualdad); y por Julio Montero Durán, Director Oficina de Relaciones con las Cortes de CyL.

    Pese a los dos déficits plasmados por ambos responsables sindicales, tanto uno como otro tienen claro que el Diálogo Social en Castilla y León tiene futuro, “y ojalá el año que viene estemos de nuevo aquí haciendo una valoración de cómo se ha llevado a cabo el Diálogo Social en 2020. Eso sería una buena señal”, sostienen Andrés Granado y Faustino Temprano.

    Nuestro secretario general ha indicado que prácticamente todos los acuerdos de la época del anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, finalizan y se abre un nuevo escenario, para lo que considera positivo que esta vez irán acompañados por la activación del Diálogo Social en el marco estatal, dado que el nuevo Ejecutivo ha entendido que es bueno para el país, lo que espera que facilite las cosas. “Desde CCOO seguiremos profundizando y avanzando en el Diálogo Social, porque estamos legitimados para ellos por las personas trabajadoras en las urnas. Además de ser un papel que nos confiere la propia Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la Ley 8/20008 del Consejo del Diálogo Social y de la Participación Institucional. Con ello lo que pretendemos es influir a la hora de mejorar las políticas públicas y el desarrollo territorial, todo en beneficio de la ciudadanía de esta tierra”, ha sostenido.

    “Hay que poner remedio a los desequilibrios territoriales y sociales”

    En cuanto a los retos más importantes que el Diálogo Social tiene por delante, dos son los más relevantes para nuestro secretario general: los desequilibrios territoriales y sociales que padece Castilla y León. “Tenemos que afrontar estos desequilibrios. Sobre todo por las diferencias que presenta el oeste de la Comunidad, además de Ávila. Este es el principal desafío”. De cara a poner unas gotas de optimismo en este capítulo Vicente Andrés ha indicado que de alguna manera ya se ha empezado a actuar en algunas zonas con problemas por la desaparición de las cuencas mineras como León y Palencia.

    En lo concerniente a los desequilibrios sociales, puesto que se ha salido de la crisis con un trasvase económico del que los grandes perjudicados son las personas trabajadoras. “Pese a que ahora somos más productivos y las empresas son más ricas, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras sufrimos una mayor precariedad, temporalidad y brecha salarial. De ahí la imperiosa necesidad de trabajar en todas estas cuestiones para avanzar en futuros acuerdos en el marco del Diálogo Social. Se trata de un claro compromiso con esta tierra y vamos a luchar por ello”, ha demandado.

    Vicente Andrés, en su exposición, hizo un recorrido histórico de lo que ha sido el Diálogo Social en nuestra Comunidad desde 1990. Puso en valor como durante la pasada crisis económica Castilla y León sí creyó en esta herramienta, mientras que otros territorios y el propio Gobierno central lo abandonaron, ya que aquí se implantan políticas a favor de la clase trabajadora, tales como la Renta Garantizada de Ciudadanía (2009), las ayudas económicas a los desempleados y desempleadas, a las personas trabajadoras suspendidas en ERTEs (2009-2010), planes de empleo públicos en las entidades locales (2012) o las mejoras en el sistema de la Dependencia (2013).