CCOO de Castilla y León | 4 junio 2025.

13 congreso

¿QUÉ MODELO DE GANADERÍA ES SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD?

    En el mes de abril estaba previsto celebrar un debate en el sindicato sobre este tema pero la alerta sanitaria nos ha obligado a posponerlo. Queda pendiente abordar un asunto que genera mucha discordia en no pocos lugares de Castilla y León.

    08/04/2020.
    Espinosa de los Caballeros.

    Espinosa de los Caballeros.

    Noviercas y La Ojeda, más que una granja de cría intensiva

    Hay proyectos que por su volumen merecen una valoración especial. En Noviercas (Soria) hay un proyecto de una granja que albergaría unas 20.000 cabezas de vacuno. Este proyecto necesitaría una superficie necesaria para su funcionamiento de 900 hectáreas, de las cuales 150 ocupan las instalaciones. Para el tratamiento de los purines se construirá una planta de tratamiento y una de biogás.Las necesidades de agua estimadas son de 2,5 a 3 millones de litros/día, dedicados a los animales y a las salas de espera y ordeño.

    Recientemente se ha presentado un proyecto en prensa, para el emplazamiento de un “conglomerado” de 14 granjas porcinas en la comarca de La Ojeda en el norte de Palencia. El proyecto contempla diez cebaderos de 7.200 plazas cada uno (72.000 crías en total), dos granjas de cerdas madre de 3.200 cabezas cada una y otras dos naves con capacidad para 16.000 lechones.

    Las cifras de empleo que generan estos proyectos son controvertidas. Aunque quien los promueve promete decenas de puestos de trabajo en la zona, lo cierto es que la mecanización de muchos procesos cuestiona que sea como dicen.

    Impactos ambientales y sociales de la producción ganadera

    La ganadería es una actividad del sector primario, vinculada al territorio, que aprovecha los recursos endógenos y fija población. Bajo esta premisa, el incremento de la actividad ganadera debería ser una buena noticia para una región como la nuestra. Sin embargo la ganadería intensiva, modelo que predomina en la actualidad, tiene un alto impacto ambiental y social. Hemos hablado de dos ejemplos que destacan por su volumen pero también hay problemas asociados a una alta densidad de granjas en determinadas zonas.

    En 2017, última actualización de datos disponibles, Castilla y León contaba con 555 granjas que precisaban de autorización ambiental para funcionar. Estaban repartidas por todas las provincias, aunque destacando Segovia, seguida de Valladolid y Soria. Estas granjas precisaban de dicha autorización ambiental por su potencial contaminador que les incluye en el ámbito de aplicación de una ley para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación a la atmósfera, del agua y del suelo.

    Los principales aspectos ambientales asociados a las granjas en intensivo son la generación de residuos y la contaminación atmosférica, y como aspecto indirecto la contaminación de las aguas. En teoría, estas instalaciones deben contar con tecnología que reduzca la contaminación sin embargo el medio da señales de estar saturado. En concreto las emisiones de amoniaco superan lo establecido en la legislación para el conjunto del Estado; la gestión de los residuos se hace a través de su aplicación en el terreno para aprovechar el nitrógeno fertilizante pero se están contaminando las aguas subterráneas por nitratos. La cría intensiva de ganado contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y, aunque el mayor porcentaje se corresponde con la cría del ganado vacuno, el manejo del estiércol, la producción de piensos y el consumo de energía son procesos que también suman emisiones de CO2.

    Ante este impacto negativo, recientemente se ha publicado un Real Decreto (306/2020) que persigue una mejora del comportamiento ambiental de las granjas de porcino, indicando que podría ser necesario destinar una parte o la totalidad de los estiércoles a instalaciones de tratamiento. La norma, además, incorpora un programa de reducción de emisiones de efecto invernadero y de amoniaco (persigue reducir el 21% a partir de 2023).

    La fórmula mayoritaria de gestión de los purines en Castilla y León es la aplicación directa al suelo, para su aprovechamiento como fertilizante. Existe un Código de Buenas Prácticas Agrarias con las recomendaciones para evitar la contaminación de las aguas en la aplicación de fertilizantes y las granjas deben tener un depósito con capacidad suficiente para almacenar el estiércol durante los periodos que no se puede depositar en las tierras. Sin embargo, tenemos un problema cada vez mayor de contaminación de aguas subterráneas por nitratos. 719 municipios estarían incluidos en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. El último informe de la Junta de Castilla y León (2017) establece la necesidad de actuar de forma inmediata, concluyendo que existen zonas que han triplicado en los últimos años la cabaña ganadera en su territorio, incrementando por lo tanto el aporte de nitratos.

    En CCOO de Castilla y León, preocupados por esta degradación del territorio y en particular por la afección de un recurso indispensable que condiciona la propia habitabilidad de los municipios, hemos solicitado de forma reiterada a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha las medidas oportunas a través de la publicación del decreto de zonas vulnerables. La Federación de Industria estatal, publicó un documento en enero de 2019 sobre la ganadería intensiva en el que concluye: “CCOO de Industria está a favor de toda actividad que genere empleo estable y de calidad, pero estas actividades deben estar sujetas a una viabilidad social, económica y ambiental. La falta de cualquiera de ellas debe cuestionar nuestro apoyo a este tipo de actividad.”

    Es evidente, por lo tanto, que se deben aplicar las medidas que permitan evitar la contaminación y fomentar un modelo que sea sostenible para el territorio y perdurable en el tiempo. Estas medidas incluirían la prevención de la contaminación a través de buenas prácticas, que se está realizando en la actualidad, la posibilidad de tratamiento de los purines “in situ” o en instalaciones externas que eviten su aplicación al territorio. También se debe contemplar la medida que incluye el Real Decreto antes citado (306/2020) de limitar la instalación de nuevas explotaciones de ganado porcino y la capacidad máxima de las mismas por razones medioambientales o sanitarias. Otra medida a aplicar sería el establecimiento de una tasa a los integradores en cumplimiento de la máxima de “quien contamina paga”.

    Ante un modelo que se está imponiendo, la ganadería intensiva, se debería diferenciar ante el consumidor final el origen de la carne, de modo que tengamos la información como consumidores para poder elegir y apoyar a la ganadería en régimen extensivo que contribuye, entre otras bondades, a controlar los incendios forestales.

    ¿Es este el modelo de desarrollo rural que queremos para Castilla y León? ¿Este modelo es sostenible en el tiempo? ¿Son suficientes las mejoras tecnológicas para frenar la crisis ecológica? ¿Qué repercusiones tiene sobre otras actividades cuando se persigue una economía diversificada? Esperamos poder reencontrarnos pronto y tener este debate.

      •