CCOO de Castilla y León | 19 abril 2024.

Villalar 2024

2020-06-19

CCOO denuncia que la Junta aprovecha la COVID-19 para privatizar el operativo de incendios y no cumplir lo firmado

    Comisiones Obreras de Castilla y León, por medio del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, quiere hacer pública la denuncia del “singular” proceder de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que ha aprovechado la pandemia provocada por el coronavirus para privatizar el operativo de lucha contra incendios de la Comunidad y no cumplir con los acuerdos firmados.

    19/06/2020.
    Foto CCOOCyl.

    Foto CCOOCyl.

    Una vez más, la Consejería que dirige el señor Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ante el inicio de la campaña de riesgo alto de incendios forestales, continúa con su política de incumplimientos y privatizaciones. Ante un verano que se presenta con una alta densidad de combustible forestal, debido a las lluvias primaverales, nos encontramos con que además de las carencias estructurales del operativo de prevención y extinción de incendios, ahora se suman problemas nuevos, todos ellos creados por la “precaria” gestión de la propia Junta.

    La ampliación de prestaciones de las motobombas de extinción de incendios durante el año 2020, previstas en los Acuerdos del Diálogo Social comunitario para las provincias de Ávila, Salamanca, Burgos, Soria, Palencia o Segovia no se va a producir. Tampoco se van a contratar a todos los operadores de los centros provinciales de mando (CPM) o Centro Autonómico de Mando (CAM). Incumplimientos que se suman a las “graves” carencias de personal para la realización de guardias de incendios, que son totalmente insuficientes para poder minimizar los daños de los incendios con solvencia, seguridad y eficacia.

    CCOO se ve en la obligación de denunciar que las contrataciones de técnicos para los CPM y el CAM por la empresa Tragsa, para manejo de los programas específicos de incendios forestales y apoyo a los operadores, acciones que corresponden al personal funcionario o laboral de la Junta por el carácter estructural de esas funciones y por el manejo de datos confidenciales que realizan en el desarrollo de su trabajo. Exigimos que estas personas trabajadoras sean contratadas directamente por la Junta, modificando las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de estos centros para incluir estos puestos, no sólo durante la época de riesgo alto de incendios, sino durante todo el año. Por ello, vamos a denunciar formalmente esta situación, e intentar paralizar está privatización de un trabajo de competencia pública.

    Asimismo, es indefendible que a finales de junio, ante la pandemia que nos asola y la continuidad de las medidas previstas por las autoridades sanitarias, aún no exista un protocolo preventivo de actuación para la campaña de extinción de incendios forestales. Requerimos la adopción de las medidas necesarias para impedir contagios en los centros de la Junta, como en las bases helitransportadas, bases de motobombas, centros de mando y todos aquellos lugares de trabajo donde se realicen funciones relacionadas con la prevención y extinción. Igualmente, han de desarrollarse protocolos eficientes y que cumplan las normas que establecen las autoridades sanitarias para el transporte y la extinción, así como dotar de medios y EPI suficientes a los trabajadores y trabajadoras.

    Todos estos problemas se suman, como decíamos, a la precarización y falta de profesionalización de una gran parte del operativo. No estamos suficientemente dotados de medios, de formación, de organización, de infraestructuras, ni de personal suficiente para atajar los incendios forestales, dado el aumento de grandes incendios y una mayor afectación al interfaz urbano forestal que se está produciendo estos últimos años.

    Demandamos una vez más, la creación de la figura del bombero forestal, un buen dimensionamiento del operativo durante todo el año, con una mayor incidencia en la prevención, de carácter público y profesionalizado. Reclamamos de la Junta que cumpla sus compromisos firmados y que negocie una nueva regulación y dimensionamiento del operativo ante los retos que suponen el cambio climático, el abandono rural y las carencias en materia de personal, medios e instalaciones, para una mayor eficiencia y seguridad en la extinción de incendios.

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