CCOO reclama a la Junta “que cumpla lo pactado” en los complementos por Erte y que abra una negociación ante las “nuevas necesidades”

  • Vicente Andrés, en una entrevista para la agencia ICAL, considera que “ante un problema extraordinario debe haber fondos extraordinarios” y que “no proteger a empresas y trabajadores sería un error histórico inaceptable”

El secretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, reclamó a la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, “que cumpla lo pactado” y complemente con 210 euros mensuales el salario de “todos” los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con rentas inferiores a 1.600 euros brutos (alrededor de 1.150 netos) a partir de los 15 días de suspensión. En el transcurso de la entrevista realizada por la Agencia de noticias ICAL, nuestro dirigente consideró “inaplazable” que abra “un nuevo escenario de negociación ante las nuevas necesidades que se generarán para las empresas y trabajadores de la Comunidad a partir del 1 de julio”.

29/06/2020.
Agencia ICAL.

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Según explicó en declaraciones a la Agencia Ical, “sería un error histórico inaceptable que la Junta no protegiera a las empresas y a los trabajadores”. “El Gobierno de Fernández Mañueco debe saber que para resolver los problemas de las empresas y los trabajadores hay que poner dinero, y ante un problema extraordinario tiene que haber fondos extraordinarios. Tienen que proteger la economía”, sentenció.

El secretario autonómico de CCOO recordó que los complementos a los ERTES comenzaron a aplicarse en Castilla y León en 2012, en plena crisis económica, a propuesta de los sindicatos al Gobierno de Juan Vicente Herrera, estableciendo un modelo que después copiaron otras ocho comunidades autónomas, y que ahora se ha aplicado en el conjunto del país ante la emergencia sanitaria desatada por la irrupción del COVID-19.

“En España los ERTES se han revelado como la gran solución a la crisis económica, como un gran muro de contención, que permite seguir pagando con dinero público la hibernación de las empresas y del empleo para protegerles hasta que se salga totalmente de esta situación. Tras negociaciones duras, muy complicadas, se han prorrogado hasta el 30 de septiembre, con visos de llegar al 31 de diciembre, y en Castilla y León ahora dicen que no hay dinero para todos y que van a seguir adelante con las bases legales de la convocatoria pública que se publicaron en el Bocyl el pasado 30 de abril, que dejarán en la estacada a miles de personas que contaban con ese dinero”, argumentó.

Vicente Andrés señaló que los sindicatos y el Gobierno autonómico sellaron el pasado 25 de marzo, en el seno del Diálogo Social, un acuerdo para poner en marcha “un plan urgente de choque contra el COVID”, para proteger a empresas y trabajadores, donde se icontemplaban diferentes medidas como líneas de crédito para inyectar liquidez a las empresas y ayudas como los complementos por ERTE”.

“En aquellos momentos no se sabía muy bien la dimensión ni la longitud de la crisis, y firmamos que los trabajadores que tuvieran una base de cotización inferior a unos 3.000 euros tendrían ayudas durante un tiempo de la pandemia por fuerza mayor. A medida que pasaba el tiempo se vio que eso podría suponer una cuantía cercana a los 200 millones de euros hasta el 30 de junio para las arcas públicas, y desde el Gobierno nos pidieron renegociarlo. Fue entonces cuando decidimos reducir prácticamente a la mitad las bases de cotización para garantizar que los que cobren menos reciban esos complementos, para llegar al menos a la gente con salarios más bajos”, detalló.

Fue el pasado 30 de abril cuando el Bocyl recogió la publicación de las bases de las ayudas, que fueron rechazadas por los sindicatos, ya que “limitaban la cuantía total a los seis millones, que es a todas luces insuficiente, además de que establecen la concesión por orden de solicitud, con lo cual puede que no lleguen a quienes más lo solicitan, y además solo son las empresas las que podrían solicitarlo y no estarían obligadas a hacerlo, con lo cual el trabajador podría quedarse sin ellas”.

Vicente Andrés aseguró que con el cambio al frente de la Consejería de Empleo e Industria, donde Ana Carlota Amigo ha reemplazado a Germán Barrios, “se ha generado un vacío”. “Dicen que no hay dinero para todos, y que por tanto van a seguir adelante con las bases publicadas el 30 de abril y harán una convocatoria que no podemos aceptar, porque supondría no cumplir los compromisos firmados. Tienen que cumplir lo pactado, porque el escenario cuando se firmó la renegociación el 30 de abril era de 190.000 trabajadores acumulados en ERTE y a día de hoy se sitúa en 198.000, con lo cual la foto que había entonces del impacto económico que iba a suponer esta crisis en las empresas y en la economía era muy ajustada a la realidad”, defendió.

Según aclaró, Fernández Mañueco debe poner en marcha “de forma inmediata un sistema ágil para que esas ayudas lleguen a cuantos la necesiten y cumplan los requisitos, independientemente de la voluntad de su empresa. Estamos hablando de familias que a lo mejor ingresan 700 euros y que contaban con esos 210 euros, y si no los reciben pronto les están generando un problema. El Gobierno autonómico debe ser consciente de que está generando mucha frustración, y eso conlleva desconfianza”, apunta.

Nueva mesa de negociación

Por otra parte, Andrés afirmó que no imagina que pueda producirse un enfrentamiento entre los sindicatos y el Gobierno autonómico por incumplir un acuerdo de protección a la economía y a los trabajadores. “Sería una decepción por parte del Gobierno actual, especialmente de su presidente Mañueco, que firme algo que luego no cumpla y que no proteja a las empresas con una medida en la que hemos sido pioneros. Espero que el martes, en el Debate del Estado de la Región, el presidente anuncie no solo que va a cumplir lo pactado, sino que acepte la creación de una mesa de negociación nueva, ante el nuevo escenario que tenemos por delante a partir del 1 de julio, que no es el del 25 de marzo sino mucho peor, porque estamos ante un desplome de la economía y un peligro importantísimo para las empresas”, valoró.

A su juicio, es “inaplazable” que se abra “un nuevo escenario de negociación” porque lo que se pactó el 25 de marzo y se renegoció “a la baja” a finales de abril “ya está obsoleto”. “Ahora hay nuevas necesidades, una nueva situación, porque los ERTES se han ido prorrogando y el nuevo escenario requiere nuevas complementaciones en Castilla y León. Hay que proteger a las empresas de menos de 50 trabajadores, que son las empresas locales, las nuestras, las de aquí, las que generan empleo. Hay que protegerlas porque aunque en España se prorroguen los ertes a partir del 1 de julio van a tener que cotizar el 65 por ciento de la Seguridad Social”, subrayó.

El responsable de CCOO en la Comunidad aseguró que en esa nueva mesa de negociación otro de los temas que hay que abordar es qué va a pasar con las empresas que entren en crisis de nuevo ante un rebrote de la epidemia. “Ya no hay estado de alarma, pero estamos viendo cómo hay rebrotes. Qué va a pasar con esas empresas. A nivel estatal también se contempla una serie de exoneraciones que tenemos que complementar en Castilla y León y que no tenemos contempladas”, advirtió antes de subrayar que “hay que complementar lógicamente los salarios más bajos hasta el 31 de diciembre” por lo cual es imprescindible “abrir un nuevo escenario”.

“Desde CCOO no imaginamos otra posibilidad que alcanzar un acuerdo, la retirada de las bases publicadas el 30 de abril y la apertura de una nueva negociación. No me imagino un escenario de incumplimiento. Espero que el presidente, el día del Debate del Estado de la Región, hablé claramente del compromiso que debe cumplir y abra un nuevo espacio de protección, porque no vale solo con cumplir lo firmado, sino que ahora toca afrontar la nueva situación”, concluyó.

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