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Habrá denuncia ante los Tribunales ya que la Junta no soluciona el colapso en el Serla

    Los servicios jurídicos de CCOO, UGT y CEOE Castilla y León ya están preparando una demanda ante los Tribunales contra el Gobierno autonómico si no soluciona el colapso que está sufriendo el Servicio de Relaciones Laborales en relación a las mediaciones individuales que se tramitan en la oficina de Valladolid. La falta de personal, motivado por el boicoteo incesante de la Consejería de Empleo e Industria al Serla, pone en peligro estos procedimientos hasta el punto de que los trabajadores y trabajadoras pueden agotar los plazos para acudir a la justicia ordinaria lo que les acarrearía serios problemas.

    04/02/2021.
    Fotos CCOOCyL.

    Fotos CCOOCyL.

    Además lleva muchos meses paralizada la extensión de la mediación en conflictos individuales a todas las provincias aunque hay un acuerdo del 30 de enero de 2019 para hacerlo. Como se recordará el Serla es un sistema de solución autónoma de los conflictos laborales, en el que participan sindicatos y empresarios, que está resolviendo una parte muy importante de los casos sin necesidad de que lleguen a los tribunales donde los procedimientos se alargan y se encarecen.

    Las tres organizaciones presentes en el Diálogo Social han comparecido en un rueda de prensa conjunta para denunciar la enorme irresponsabilidad de la Administración autonómica en el funcionamiento del Serla, que es una Fundación pública. El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha identificado a la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, como primera responsable de la situación, pero ha hecho extensiva esta responsabilidad a lo que ha denominado “la parte minoritaria del Gobierno Autonómico”, en referencia a la influencia que el Vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ejerce sobre la consejera de Empleo, ambos del partido Ciudadanos. Para despejar dudas, CCOO, UGT y CEOE Castilla y León ha decidido pedir una reunión urgente al presidente de la Junta de Castilla y León, Fernando Fernández Mañueco, para preguntarle si está al tanto de la situación de colapso que sufre el Serla y de la obstinación de la Consejería de Empleo en dotar de una solución al problema. También se van a dirigir al Procurador del Común, a los Grupos Parlamentarios, a los partidos políticos, al Servicio Interprofesional de Mediación y Arbitraje (SIMA) estatal e, incluso, a la Dirección de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para dar a conocer el conflicto.

    Solución sencilla

    Lo peor del asunto es que la solución es sencilla. Basta con poner más medios personal y materiales. En Valladolid un informe del Director del Serla que tomó posesión en diciembre pasado siendo ya consejera Carlota Amigo, solicitó 4 personas más en la oficina de Valladolid para evitar el colapso que CCOO ya anunció en septiembre que ocurriría y hoy es una realidad. Fernando Fraile ha informado de que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para este año tiene consignada una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros para la extensión del Serla. “Nosotros vamos a ser flexibles en la extensión” ha dicho “lo que hace falta es que ese presupuesto se ejecute y se llegue a todas las provincias que se pueda”.

    Sin embargo, la consejera y el resto de responsables de la Consejería, mayoritarios en el Patronato que dirige el Servicio de Relaciones Laborales, han votado en contra de las contrataciones, salvo una, que, en el caso de Valladolid, son fundamentales para el funcionamiento del servicio. La provincia vallisoletana es la única que ha asumido por el momento la mediación en conflictos individuales, pero sin aumentar la plantilla que viene siendo la misma desde hace 20 años. Fernando Fraile ha señalado que el Serla tendrá que gestionar en Valladolid en torno a los 6.000 conflictos durante 2021”.

    Pasar de fundación pública a privada

    Frente a esta situación sindicatos y patronal han denunciado que la respuesta de la Consejería ha sido pedir el copago de este servicio entre la Administración y los agentes sociales. La propuesta ha sido tomada como una provocación ya que supone pasar una fundación pública a ser privada, algo que no ocurre en ninguna Comunidad Autónoma ni en el SIMA, el servicio estatal de mediación, todos ellos con un soporte financiero 100% de la Administración.

    Fernando Fraile ha sido contundente en la censura a la actitud de la “parte minoritaria del Gobierno Autonómico al que ha acusado de actuar “de mala fé”, pero ha defendido el proceso del Diálogo Social que se lleva a cabo en otros muchos aspectos porque es beneficioso para las personas de Castilla y León.