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    PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_* Sesión Imprescindibles Mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web 1
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CCOO, UGT y CEOE se oponen a que se cierre la Fundación Anclaje

    La Comisión Paritaria entre Ciudadanos y Partido Popular que tenía la misión de analizar las 16 entidades que integran el sector público de la Comunidad ha culminado sus trabajos la semana pasada, centrando sus decisiones, prácticamente en exclusiva, sobre las dos Fundaciones de las que somos parte los agentes económicos y sociales.

    23/02/2021.
    Foto Ical.

    Foto Ical.

    Sorprende especialmente la decisión relativa a la Fundación Anclaje (FAFECyL), para la que se prevé su supresión y su integración en el Instituto para la Competitividad Empresarial. Es evidente, y no puede dejar de serlo para los miembros de esa Comisión Paritaria, la imposibilidad de dicha supresión sin mediar la voluntad conforme de los dos tercios de su Patronato, lo que necesariamente requiere el acuerdo de las organizaciones, empresarial y sindicales, que lo componemos. Más allá de eso, la integración en la estructura del ICE no parece una fórmula idónea por cuanto nada tienen que ver las competencias de uno y otro instrumentos, ni sus fines, ni su modelo de organización y funcionamiento.

    La Fundación FAFECyL, como bien se sabe, integra las dos preexistentes destinadas, respectivamente, a la ordenación de la formación para el empleo de personas ocupadas, a raíz de las transferencias en esta materia en 2004, y a la gestión en el marco del diálogo social de las deslocalizaciones y crisis empresariales, mediante la búsqueda compartida de soluciones, tanto para atender las necesidades de las plantillas afectadas, como para promover la búsqueda de nuevas inversiones que permitan la continuidad de la actividad de las empresas afectadas por estos procesos. En este último punto, vale la pena destacar el valor que ha tenido la fundación en la gestión de estas crisis, a través del Protocolo acordado al respecto, para evitar cierres empresariales, constituyendo durante estos años un referente para la puesta en marcha de instrumentos similares en otras Comunidades Autónomas. El propio Comité Económico y Social Europeo ha recogido esta línea de actividad como ejemplo de buena práctica en la gestión de las situaciones de crisis y de los procesos de deslocalización de empresas. Cabe mencionar el éxito de su intervención en crisis que han tenido durante estos años una importante repercusión mediática, con actuaciones en más de cincuenta empresas, y resultados positivos cuando menos en un 70% de los casos.

    Los agentes económicos y sociales de la Comunidad defenderemos, como no puede ser de otra forma, la continuidad de esta Fundación y de sus funciones, que por otra parte no han sido en ningún caso cuestionadas en las conclusiones de la mencionada Comisión Paritaria. Como asimismo defendemos la extensión de esas funciones a campos como la responsabilidad social empresarial y otras materias del diálogo social, donde la colaboración de esta Fundación puede ser oportuna y contribuir a los objetivos que nos tracemos en los acuerdos que estamos negociando.

    En relación a la Fundación SERLA, el informe se ciñe a la postura mantenida por la Administración en las negociaciones de los últimos meses. No se cuestiona ni la pervivencia ni la oportunidad de su extensión territorial y material, si bien se condiciona esta extensión a la disponibilidad de recursos, cuando es notorio que esos recursos ya existen y están consignados en los presupuestos de la Comunidad de los últimos ejercicios, incluidos los de este año 2021. También aquí se hace referencia a la posible modificación de los Estatutos, lo que, de nuevo, exigiría el acuerdo, en este caso por unanimidad, con los agentes económicos y sociales que componemos su Patronato.

    Los agentes económicos y sociales confiamos en la responsabilidad del Gobierno de la Comunidad en la gestión del informe que ahora se ha hecho público, de modo que no se cercenen instrumentos que se han manifestado útiles y eficientes para poner en práctica políticas públicas de interés e impacto en el desarrollo económico y social de Castilla y León. Lo contrario, como ya hemos dicho en relación al SERLA, constituiría, además de un atropello político y jurídico, un retroceso inexplicable en materias especialmente necesarias para apoyar la salida de la crisis en la que nos encontramos y el futuro económico de la Comunidad.