El sindicato seguirá luchando para incrementar este presupuesto y poder llegar a todas las personas que lo necesiten.

Precisamente durante la pandemia por la Covid-19 es cuando las personas en ERTE se han incrementado exponencialmente. Parece mentira que haya sido en este tiempo tan difícil para los trabajadores y trabajadoras cuando la Consejería de Empleo se haya empeñado en hacer desaparecer estas ayudas al punto de poner en peligro el muy arraigado Diálogo Social en Castilla y León. Quizá porque ese era precisamente el objetivo, CCOO se ha empleado más a fondo para salvar este obstáculo que parecía la llave para otros Acuerdos ya cerrados meses atrás en mesas de negociación sin la presencia de consejeros y consejeras de Ciudadanos.

De este modo hemos llegado a junio de 2021 con los principales Acuerdos del Diálogo Social por fin cerrados. En años anteriores se firmaban durante los tres primeros meses del año. La dificultad ha estado también en que los contenidos a acordar eran de mucho peso. En 2020 había caducado la Estrategia de Empleo, FP, Prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo, el paquete de medidas más importante a cuatro años vista en lo que se refiere a políticas activas de empleo, pero también en lo referente a la formación, la salud laboral y la conciliación de la vida laboral y familiar.

La secretaría de Empleo, Diálogo Social y Política Institucional, con su secretario Saturnino Fernández al frente, y la de Acción Sindical, con Fernando Fraile, se han encargado de negociar el Paecyl de 2021, como cada año, pero con la salvedad de que las medidas tenían que acompañar el despegue económico y laboral de nuestra Comunidad tras la pandemia. Hay 292,8 millones de euros presupuestados para los 106 programas y servicios previstos este año.

Acuerdo de mínimos para ayudas a los ERTE

Este ha sido el marco en el que ha sido necesario emplear toda la fortaleza sindical para lograr un acuerdo, de mínimos, eso sí, para que haya ayudas a los ERTES. También es el Acuerdo en el que se establecen las medidas para apoyar a los colectivos más débiles del mercado de trabajo, particularmente parados y paradas de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes o mujeres, especialmente si han sido víctimas de violencia de género. Entre los colectivos prioritarios están también las personas con discapacidad, las que están en riesgo de exclusión social, las y los emigrantes retornados y las y los inmigrantes y refugiados que viven en nuestra tierra.

Con un presupuesto de 5,8M€ el programa de protección trabajadores y empresas en crisis recoge además de las ayudas a los trabajadores afectados por ERTE, las ya habituales subvenciones a mayores de 55 años por extinción de contratos por proceder de una empresa en crisis.Se incluye tanto la ayuda a la financiación de convenio especial con la SS como la ayuda económica para compensar la pérdida en el importe de la indemnización. También las ayudas por suspensión por fuerza mayor en el sector azucarero y otras, que se concretarán, por situaciones extraordinarias de crisis por fuerza mayor, inducidas por lo ocurrido con la pandemia por Covi-19.

Programa de creación de empleo

CCOO ha tratado de mejorar el programa de empleo público para parados y paradas a través de Ayuntamientos y Diputaciones, en el que se crea empleo con suficiente duración para tener derecho a prestación por desempleo. Los programas de creación directa de puestos de trabajo, dotados con 102,4 millones de euros, prevén también subvenciones a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro para contratación de parados y paradas o para la conversión de contratación precaria a contratación indefinida.

El Paecyl también tiene en cuenta la situación de determinados sectores muy afectados por la pandemia y ha incorporado un programa nuevo, denominado “Retos” que consiste en incentivos a empresas que contraten indefinidamente a personas desempleadas procedente de un ERE o que hayan estado más de 180 días en ERTE. Incluye dos programas, uno para ayudas a sectores de la hostelería y la hotelería, y otro programa para el resto de sectores también afectados por la Covid-19.

Se mantiene el programa PIE para parados y paradas de larga duración que han agotado todas las prestaciones y subsidios.

Acuerdo de Formación Profesional

La consecución del Acuerdo de Formación Profesional ha sido competencia de la Secretaría de Formación y Política Industrial de CCOO Castilla y León, cuya titular es Carmen Álvarez. Durante meses han estado negociando un Acuerdo que va a contribuir al impulso de todas las enseñanzas profesionales, del Sistema Educativo y del Sistema Laboral. También para mejorar una oferta formativa de calidad accesible a los jóvenes y, en general, a los trabajadores y trabajadoras.

A través de la formación se pretende mejorar el acceso y el mantenimiento del empleo. Se ha planificado la formación para parados y ocupados, además de la orientación para desempleados con el fin de que les resulte más fácil acceder al mercado de trabajo. También se han ordenado todas las familias de Formación Profesional que se imparten en los centros formativos de Castilla y León para adecuar todo este esfuerzo a la oferta de trabajo presente y, sobre todo, del futuro. El Acuerdo pone el acento también en la acreditación de la experiencia, para dotar de una titulación a quienes no tienen estudios, pero han ejercido una profesión y tienen los conocimientos suficientes.

Estrategia de futuro

En un intento de anticipar el futuro, el Acuerdo pretende la incorporación de los centros de formación profesional al III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León y, sobre todo, a la Nueva Estrategia de Especialización Inteligente que se está diseñando en estos momentos para el periodo de fondos comunitarios que se inicia este año. El objetivo del Acuerdo pasa por un impulso cuantitativo y cualitativo del Sistema de Formación Profesional para ponerlo a la altura de las complejas necesidades de formación y cualificación que va a requerir el cambio de modelo energético y de paradigma tecnológico en los próximos años. También debe atender a las exigencias derivadas de los objetivos de desarrollo sostenible, los desafíos de la Comunidad en relación a la cohesión social y territorial y la formación de profesionales que dinamicen la actividad económica y el aprovechamiento de los recursos endógenos de nuestro medio rural, entre otros desafíos. Todo ello mediatizado además por la crisis sanitaria de este año que ha puesto en evidencia nuevas carencias y necesidades, además de dejar un panorama económico muy preocupante.

Atención a la dependencia

El Acuerdo de atención a la dependencia tiene una vigencia de tres años, pero implica cambios de modelo de atención que precisan su revisión periódica por lo que, de momento, se han comprometido sólo los presupuestos para 2021. Una Comisión de Seguimiento evaluará las nuevas políticas y decidirá lo prioritario para los años siguientes. El acuerdo ha sido posible gracias al trabajo de la secretaría de Políticas Sociales, con Inmaculada de Pablo al frente.

Hay tress modificaciones fundamentales, en la teleasistencia, en la ayuda a domicilio y en la atención en centros de personas dependientes.

La teleasistencia va a tender a ser avanzada, con la instalación de sensores en los domicilios para evitar accidentes domésticos con el fuego o con otros elementos. Será, además gratuita, en cuanto acaben los contratos que mantienen los Ayuntamientos y Diputaciones, que son los que se encargan en la actualidad del servicio, para pasar a ser un único contrato regional.

La ayuda a domicilio recuperará las 90 horas semanales como máximo de la prestación y, proporcionalmente, irá subiendo según el nivel de dependencia de los usuarios y usuarias. Tras los recortes la tención máxima había quedado en 70 horas semanales por lo que el incremento será importante.

En los centros de personas dependientes se tenderá a un modelo de asistencia centrado en las personas que implica la atención en grupos más pequeños y con más posibilidades de aislamiento en el caso de que pueda volver una situación como la ocurrida con la Covid-19. Además de que se van a crear plazas públicas en las nuevas residencias de personas mayores previstas en Zamora, Salamanca y Ávila, durante 2021 se crearán 180 plazas concertadas ya que son muchos los usuarios que prefieren estar en una residencia privada, con una prestación vinculada, a marcharse del entorno en el que han vivido siempre para ocupar una plaza pública.

Salud laboral para todos y todas

La secretaría de Salud Laboral y Juventud, que dirige Sheila Mateos, ha logrado un acuerdo para fomentar la cultura preventiva en nuestra Comunidad. Como acción visible se ha creado un nuevo premio a la Prevención de Riesgos Laborales, pero el plan recoge 7 objetivos específicos para trabajar la Prevención con un total de 122 medidas. Se mantiene el programa de visitas a los centros de trabajo para orientar sobre prevención, que se desarrolla a través de los sindicatos y la patronal, y se logra crear un grupo de trabajo para estudiar la prevención de los riesgos psicosociales, una amenaza a la salud de los trabajadores y trabajadoras poco estudiada y con escasas medidas de prevención para los daños que ya está causando. También habrá un grupo específico para prevenir el riesgo por amianto.

Precisamente para fomentar la investigación sobre la prevención se establece un nuevo programa denominado “Universitas” para que las Universidades Públicas de Castilla y León realicen trabajos en torno a los riesgos laborales y se incrementa el apoyo a la Cátedra de Salud Laboral establecida en la Universidad de Salamanca a iniciativa sindical.

Igualdad de género

El objetivo general de este plan, es la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, así como las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, incentivando la corresponsabilidad familiar y poniendo especial atención en mujeres con mayores dificultades de inserción como son las mujeres supervivientes de violencia de género y mujeres del medio rural. Este es el objetivo al que se ha dedicado en los últimos meses las compañeras de la Secretaría de Mujer y Políticas de Igualdad con su secretaría, Yolanda Martín, al frente.