CCOO de Castilla y León | 27 junio 2025.

2021-06-15

El sector de ambulancias de la Comunidad irá a la huelga el 18 de junio para desbloquear un convenio “varado” desde hace tres años

    Unos 1.900 personas trabajadoras del sector de las ambulancias de Castilla y León están llamados a una jornada de huelga de 24 horas el próximo viernes día 18 de junio, ante el bloqueo del convenio colectivo, tras tres años de negociaciones, y para exigir a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que deje de “lavarse las manos” y se involucre de una manera decidida para alcanzar un acuerdo. Los salarios y la jornada están en la base del conflicto, ya que se trata del colectivo "peor pagado" entre las autonomías españolas (solo están peor sus compañeros y compañeras de Ceuta y Melilla), que sufren una congelación salarial desde 2012, y hacen más de 200 horas extras al año en el caso del personal de las emergencias. “Por desgracia, somos el farolillo rojo”, indican los representantes de los sindicatos convocantes.

    15/06/2021.
    Fotos CCOOCyL.

    Fotos CCOOCyL.

    CCOO, UGT, CSIF y USAE convocan esta protesta ante la actitud de bloqueo permanente de la patronal del sector en la Comunidad: ALECA (Ambuibérica y Nuevas Ambulancias Soria). Sus promotores animan al resto de organizaciones sindicales con representación en este sector que se sumen a la huelga. El último gesto de semejante proceder de enrocamiento patronal lo escenificaron durante la tarde de ayer, lunes día 14 de junio, durante la cita que mantuvieron en la sede del Serla.

    Debido a su postura de intransigencia permanente, los sindicatos han decidido seguir adelante con la convocatoria de huelga, “y seguiremos con más movilizaciones hasta lograr lo que consideramos de justicia. Pedimos ajustar las jornadas a las 1.800 horas que marca el convenio vigente, prorrogado desde el 2018, y elevar los salarios hasta el 90% de la media nacional para este sector, que supondría para un técnico conductor de emergencias sanitarias pasar de los 1.082 €/mes de salario base a los 1.280 euros. En cuanto a otras dos categorías, que se encuentran por debajo de la anterior, como los técnicos ayudantes y camilleros, apenas llegan a los 900 euros de salario base, por lo que podría incluso darse la circunstancia de que si subiera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cobrarían salarios por debajo de este mínimo”, señala Juan Carlos Cáceres, portavoz de CCOO en este asunto.

    Además, está convocada una manifestación por las calles de Valladolid para esa jornada. Dará comienzo a las 11:30 horas desde la Plaza de Colón, para discurrir por el Paseo de Filipinos y desembocar en el Paseo de Zorrilla, frente a la sede de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Allí exigirán a la consejera que intervenga en un “problema grave” para una actividad que está en la primera línea de la atención sanitaria de la Comunidad.

    El representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-CyL en este conflicto, Juan Carlos Cáceres; el secretario regional de Sanidad de UGT-CyL, Miguel Holguín, y el representante de CISF Rafael Pérez, ofrecieron una rueda de prensa para presentar las movilizaciones, tras el fracaso de la intermediación del Serla.

    Cáceres denunció que la patronal sigue inamovible en sus posiciones con una “propuesta raquítica de una subida salarial del uno por ciento desde la firma y una subida mayor cuando se firme la nueva adjudicación del servicio a partir de julio de 2022. Es decir, asumirían el esfuerzo con la nueva legislación, no con los beneficios que han obtenido todos estos años de congelación salarial, mientras se elevaban las partidas presupuestarias para estos servicios y los ingresos de las empresas se incrementaban considerablemente. Estas han obtenido beneficios, y el ejemplo más claro es la reciente compra por parte de un fondo inglés de la principal empresa del sector: Ambuibérica”, subraya.

    Menos horas extras y más contrataciones para brindar un servicio digno

    En cuanto a la jornada laboral, ha indicado que los sindicatos están dispuestos a que se vaya reduciendo de forma paulatina desde las 83-84 guardias actuales, que suponen unas 2.000 horas anuales, hasta las 74 en 2026, que corresponderían a las 1.776 horas anuales del nuevo convenio, porque entienden que “para lograrlo hay que elevar la contratación, puesto que la plantilla actual es insuficiente para que los y las profesionales puedan desempeñar su trabajo en unas condiciones laborales razonables, y la calidad del servicio se preste dignamente. Puesto que no hay que olvidar que el coste de las horas extras, si se abona como tales, es elevado. Pero la patronal no quiere realizar el esfuerzo ni de un lado ni de otro”, lamenta nuestro compañero.

    Las personas trabajadoras que se encuentran en emergencias hacen 216 horas más de la jornada estipulada, algo judicializado porque se pagan como horas normales y no extras, y en lo que se ha dado la razón a los trabajadores pero que se encuentra pendiente del recurso presentado por la patronal ante el Tribunal Supremo. En este sentido, Cáceres ha explicado que estas personas que tienen turnos de 24 horas continuadas y descansan tres días, tienen un exceso de más de 200 horas anuales.

    Los sindicatos convocantes han criticado duramente a la Consejería de Sanidad, que debería estar en las mesas de negociación, porque la empresa, en clara alusión al gigante del sector, Ambuibérica, “negocia con dinero público que ya sabe que se le va a conceder. Negociamos con un intermediario cuando realmente es Sanidad la que pone el dinero”, subrayan. Para lamentar que la Consejería no haya contestado aún a sus demandas de reunión “para hablar de dignificar a las personas trabajadoras y al propio servicio de transporte sanitario. Todo ello encaminado a optimizar los recursos existentes”, han remarcado.

    Es más, los responsables sindicales sospechan que los beneficios que se están obteniendo por estas empresas en Castilla y León los están destinando a pagar deudas en otras autonomías, donde sí se han suscrito acuerdos similares a los que demandan en Castilla y León. “Es lamentable que se hayan considerado a estos trabajadores y trabajadoras como imprescindibles durante la pandemia y en lo económico son los grandes olvidados por parte de la Junta y la empresa”, sostienen.

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