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CCOO de Castilla y León | 2 mayo 2024.
8-11-2021
CCOO y UGT tendrán que esperar a que el contencioso dirima sobre el SERLA
El Tribunal Superior de Justicia no ha entrado al fondo de la demanda y ha declarado la incompetencia de la Jurisdicción Social en relación a la demanda sobre el SERLA que interpusieron UGT y CCOO. La Sala considera que la naturaleza jurídica del SERLA es competencia del orden contencioso-administrativo
FOTOCCOOCyL
Esta sentencia, que remite al contencioso-administrativo para dirimir las extravagancias del Consejero de Empleo, Mariano Veganzones, significa que tendremos que seguir esperando durante al menos dos años, una sentencia que determine si la Junta de Castilla y León actuó de manera ilegal en relación al SERLA. De esta manera, continúa la incertidumbre en lo referente a la resolución de conflictos laborales. Además, supone un grave perjuicio para las personas trabajadoras y las empresas de nuestra Comunidad.
Recordamos que CCOO y UGT interpusimos una demanda en materia de impugnación de actos administrativos en materia laboral contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y contra la Orden de la Consejería Industria, Comercio y Empleo del 13 de abril de 2023 por la que se concedió 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de CyL (Fundación SERLA) para la financiación de la actividad en el ejercicio de 2023. Una cuantía que redujo un 60% lo aportado por el Gobierno autonómico el pasado año.
La propuesta, aprobada el 13 de abril, establecía además, que a partir del 1 de julio quedarían excluidos de la subvención el contrato del director del Serla, así como los gastos de arrendamiento de sedes, que pasarían a estar en edificios de la administración. Además, el Servicio de Relaciones Laborales intervendría únicamente en los conflictos colectivos, quedando excluidos los individuales entre trabajador y empresa y que hasta entonces sólo operaban en Valladolid y limitando la intervención a un mediador o un árbitro. Los sindicatos sostienen que el SERLA es un servicio público por lo que la Consejería no puede decidir ni modificar nada unilateralmente como decidió en dicha propuesta.
