CCOO de Castilla y León | 28 abril 2024.

2024-03-25

ALSA implementará nuevas cámaras de vigilancia en sus servicios de transporte

    El próximo 8 de abril, las empresas CALECAR y TAR, pertenecientes al grupo ALSA y encargadas de brindar servicios urbanos, metropolitanos, escolares y regionales en la zona norte de Castilla y León, introducirán un sistema avanzado de cámaras en sus vehículos. Este sistema, una evolución del anterior, será suministrado por la empresa Lytx SF400, y está equipado con inteligencia artificial capaz de detectar patrones de conducta y situaciones de riesgo.

    25/03/2024.
    Foto CCOOCyL

    Foto CCOOCyL

    A diferencia del sistema anterior, que solo grababa en caso de eventos como frenazos bruscos o giros abruptos, este nuevo sistema permitirá grabar continuamente, con capacidad para almacenar hasta 400 horas de grabación, incluyendo imágenes en directo y puede grabar sonido tanto dentro como fuera del autobús. Sin embargo, es importante señalar que la grabación de sonido está prohibida por la Agencia Española de Protección de Datos en este tipo de camaras.

    Se plantea que estas cámaras, camufladas como asistentes a la conducción (ADAS), podrían registrar situaciones consideradas susceptibles de ser grabadas, lo que podría incluir a conductores, pasajeros, peatones y otros conductores ajenos a la empresa. Además, preocupa el impacto en la privacidad de los miles de menores de edad que utilizan los servicios escolares, cuyas imágenes serán almacenadas en servidores ubicados en Estados Unidos, sujetos a regulaciones de protección de datos diferentes a las de la Unión Europea.

    La instalación de estas cámaras, integradas en la mitad de la luna de los vehículos, también plantea preocupaciones sobre la visibilidad del conductor, especialmente en el caso de las furgonetas.

    Ante esta situación, el comité de CALECAR y TAR se compromete a proteger los derechos de los trabajadores y usuarios del servicio. Se destaca que, según experiencias en otras empresas del grupo, la mejora del servicio no está relacionada con una hipervigilancia de conductores y usuarios, sino con la renovación de vehículos, la formación y estabilización de la plantilla, y una adecuada organización empresarial.

    Se hace un llamado a las autoridades competentes para investigar esta situación y tomar medidas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La privacidad y seguridad de las personas no deben ser comprometidas en aras de una supuesta mejora en la seguridad.