Ante las continuas afirmaciones públicas que viene realizando sobre el papel de los salarios.

El gasto de la Junta de Castilla y León ascenderá en 2017 a cerca de 8.910 millones de euros - descontando las operaciones financieras - lo que equivale al 16% del PIB de la Comunidad. El peso del gasto en el PIB - que es la magnitud que permite valorar adecuadamente la evolución del Presupuesto - era del 18% en 2008, e, incluso, en 2016 fue superior al de 2017 a pesar del incremento del Presupuesto. Para este próximo año, el gasto crece un 3,8% en términos nominales (sin tener en cuenta el incremento de los precios), mientras que está previsto que el PIB crezca un 4,1% en términos nominales (2,5% en términos reales). De esta forma, el gasto público de la Junta, en lugar de recuperar parte del peso perdido en los últimos años, en relación al PIB de la Comunidad, volverá a perder aún más, puesto que su cuantía -en euros del año en curso- crece menos que el PIB en euros del año en curso, una comparación imprescindible para evaluar la evolución del esfuerzo presupuestario en la economía.

El Presupuesto de 2017 se plantea en un escenario económico favorable, a diferencia de lo que ocurrió en el periodo 2008-2014. El crecimiento de la economía se consolida, por tercer año consecutivo, con una previsión del 2,5% en términos reales (un porcentaje similar al promedio estatal). La creación de empleo prevista por la Junta es del 2,1%, una cifra que parece realista, y que implicaría la creación de alrededor de 20.000 puestos de trabajo en nuestra Comunidad a lo largo de 2017. Pese a ello, la tasa de paro continuará siendo excesiva -superior al 14%, según las previsiones de la Junta- y Castilla y León cerrará el año aún con unos 120.000 empleos menos que antes de la crisis, sin revertir la pérdida de tejido productivo en este periodo y tras haber experimentado también un notable incremento de la desigualdad y la exclusión social y el deterioro de los servicios públicos como consecuencia de los recortes en su financiación, problemas que estos nuevos Presupuestos no abordan con suficiente vigor. Y esto ocurre en un escenario de pérdida de población -unos 100.000 habitantes desde 2008 según la Contabilidad Regional del INE o más de 130.000 según el Padrón Continuo del INE.

Los Presupuestos que propone la Junta de Castilla y León continúan careciendo de una base sólida de ingresos, lo cual se debe en parte a las insuficiencias del actual modelo de financiación y a la debilidad de nuestra economía, pero también a la decisión, tanto del Gobierno central como de la Junta, de no realizar reformas fiscales que permitan incrementar simultáneamente la recaudación y la justicia del sistema, sino bien al contrario, aprobando como han hecho y vuelven a hacer en este presupuesto, sucesivas rebajas fiscales orientadas a favorecer a las rentas más altas. Los ingresos no financieros de la Junta ascendían en 2008 al 17,9% del PIB, pero cayeron al 15,6% en 2012 como consecuencia del efecto combinado de la crisis y del cambio en el modelo de financiación autonómica. Desde entonces, se han mantenido en esos bajos niveles, situándose en el 15,5% de acuerdo con la previsión que hace la Junta para 2017.

En cuanto a la progresividad fiscal, en este periodo se ha observado un notable incremento de la recaudación procedente de impuestos indirectos, debido a reformas como la subida del IVA aprobada a nivel estatal, lejos de las propuestas que CCOO hace respecto de este impuesto indirecto en el que la fiscalidad no está asociada a la capacidad económica del contribuyente. Por el contrario, ha disminuido el peso de los impuestos directos (los de mayor capacidad redistributiva, dado que a diferencia de los anteriores se pagan en función de la renta), ya que, tanto a nivel estatal como autonómico, se han introducido sucesivas rebajas de estos impuestos en los últimos años. La conjunción de subida de impuestos indirectos y bajada de los directos está llevando a una creciente disminución de la capacidad redistributiva del sistema y, con ello, a incrementar la desigualdad.

Respecto a 2016, los ingresos no financieros crecen un 2,1%; un crecimiento que está por debajo de la previsión de aumento del PIB nominal. Nuevamente los ingresos de la Junta volverán a perder peso en relación al PIB, agravándose el problema de su escasez crónica. Si los ingresos de nuestra Comunidad aumentan en el total del Presupuesto es por el recurso al endeudamiento (pasivos financieros), que crece gracias a la relajación del objetivo de déficit público. También se incrementan los ingresos fiscales provenientes de IRPF e IVA, gracias a la recuperación de la actividad económica, aunque no debemos perder de vista que los ingresos por estas figuras crecen menos que en el conjunto de las CCAA, dado que las entregas a cuenta de las que se derivan están afectadas por el menor dinamismo de la actividad económica en nuestra Comunidad durante los últimos años. En cambio, vuelven a caer las transferencias corrientes, en particular las que se reciben del Estado, lo que evidencia la creciente insuficiencia para nuestra Comunidad que tiene el actual sistema de financiación autonómica.

No obstante, éste no es el único motivo de la escasez crónica de ingresos, puesto que la Junta no sólo no hace uso de su corresponsabilidad fiscal para incrementar los ingresos, sino al contrario, este año de nuevo, introduce medidas que reducen la capacidad recaudatoria del sistema, y lo hace disminuyendo impuestos directos, por lo que también reduce su capacidad redistributiva. En concreto, de las medidas fiscales previstas para nuestra Comunidad, destaca el nuevo incremento del mínimo exento en el impuesto de sucesiones (de 250.000 a 300.000 euros), que beneficiará a todas las herencias entre familiares directos por encima de este límite, pero no a las de menor cuantía. Se trata, por tanto, de una medida que disminuirá la recaudación y favorecerá exclusivamente a las rentas más altas, la línea de política fiscal que viene introduciendo la Junta en los últimos años, y que es incongruente con la defensa de la necesidad de mejorar nuestro modelo de financiación. Y por otra parte incrementa las figuras de bonificación fiscal que, como hemos manifestado en anteriores ocasiones, son medidas injustas en cuanto que no son accesibles en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía además de detraer recursos públicos del sistema.

En cuanto al capítulo de gastos, como se ha señalado, su crecimiento (3,8%) es inferior al del PIB nominal, por lo que su peso en nuestra Comunidad no aumentará en 2017, perdiéndose una nueva oportunidad para revertir los recortes realizados en años anteriores. Los gastos de personal crecen muy poco, apenas un 1,4%. El incremento de la remuneración de los empleados públicos será inferior a la inflación, por lo que su poder adquisitivo no solo no se recuperará, sino que agravará la caída que viene sufriendo en los últimos años. Además, la cifra prevista no permitirá que se cree empleo público. En nuestra Comunidad hay, con datos de la EPA para la media de 2016, actualmente unos 16.000 empleados públicos menos que en el promedio de 2010, año en el que se iniciaron las políticas austericidas; un recorte que en gran medida se ha producido en la administración autonómica (y, dentro de ella, en los servicios del Estado del bienestar), y que los nuevos Presupuestos de la Junta no indican que vaya a revertirse.

Por el contrario, una buena noticia es el incremento previsto en los gastos de capital (el 10,2%) y, en particular, de la inversión pública (14,8%), en ambos casos claramente por encima del crecimiento previsto del PIB nominal. Este refuerzo de la inversión pública de la Junta será positivo para apuntalar la recuperación de la actividad económica y del empleo en nuestra Comunidad. No obstante, se trata de un incremento insuficiente, teniendo en cuenta que la inversión pública autonómica será unos 1.100 M€ inferior a la existente en 2008 (es decir, será menos de una tercera parte de los niveles previos a la crisis). Además, la ejecución de los proyectos de inversión ha sido baja en los últimos años, llegando a quedarse por debajo del 80% en algunos ejercicios, de forma que será necesario también vigilar la ejecución del presupuesto (como venimos haciendo desde CCOO de Castilla y León, a través de informes específicos sobre esta cuestión) para realizar una valoración definitiva a este respecto.

La Junta de Castilla y León ofrece también información sobre la evolución prevista del gasto por Consejerías, si bien es necesario esperar a conocer más detalles para poder realizar una valoración completa en este sentido. Con los datos existentes, resulta positivo el incremento de la asignación destinada a políticas de empleo (el cual ronda el 11%, muy por encima del crecimiento del 4,1% previsto en el PIB nominal), así como el 8,6% de aumento previsto para el conjunto de las políticas económicas. En ambos casos, este esfuerzo resultará positivo para dinamizar la actividad económica y el mercado laboral de nuestra Comunidad si se ejecuta conforme está previsto en el presupuesto. En cambio, el incremento previsto en el gasto destinado a los servicios básicos del Estado del bienestar es insuficiente como para revertir los recortes acumulados en ejercicios anteriores. Dentro de estos servicios públicos, el que parece contar con un mayor incremento presupuestario son los servicios sociales (+6,1% de la asignación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades), un dato positivo que ha de servir para consolidar la favorable posición de nuestra Comunidad en la materia. Menor es el incremento previsto para la Consejería de Sanidad (+5,4%) y, en especial, para la de Educación (3,9%, por debajo del 4,1% previsto para el PIB nominal). Por tanto, el gasto en Sanidad y especialmente en Educación no se recuperarán en relación al PIB, lo cual refleja que se desaprovechará la oportunidad de utilizar la recuperación económica para revertir los recortes en estas materias.