La propuesta de CCOO plantea un escenario para el presupuesto de 2018 que permita mejorar los servicios públicos e incentivar la economía con los recursos actualmente disponibles, pero sobre todo contempla un total de 8 medidas para incrementar la recaudación y mejorar la financiación de los servicios públicos de Castilla y León. Son éstas:

Medida 1.- Subida progresiva del Tramo Autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, focalizada en las rentas más altas. Impacto previsto: 125 M€.

Las sucesivas reformas del IRPF implementadas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico han conllevado una serie de reducciones tanto de la capacidad recaudatoria como de la capacidad redistributiva del impuesto. En la actualidad, la tributación por el IRPF en España es sustancialmente inferior a la que existía hace unos años, y menor también a la existente antes de la crisis. Esto es así, especialmente, en el caso de Castilla y León, donde sucesivas rebajas autonómicas del impuesto hace que la tributación por el IRPF sea una de las más bajas de España.

Como alternativa, proponemos una reforma del tramo autonómico del IRPF que permita incrementar la recaudación, de manera progresiva, para no afectar a las rentas más bajas y supondría un incremento de la cuantía a pagar conforme mayor sea la renta del contribuyente, sirviendo para favorecer la redistribución de la renta y de los esfuerzos fiscales. Nuestra propuesta es mantener el tipo impositivo del primer tramo (hasta los 12.450 € de base liquidable); incrementar en 0,5 puntos el segundo (el tramo de 12.450 € a 20.200 €); en 1,5 puntos el tercero (de 20.200 € a 35.200 €); en 2 puntos el cuarto (de 35.200 € a 53.407,2 €) y, finalmente, incrementar en 3 puntos el tipo impositivo del quinto y último tramo (a partir de 53.407,2 €).

Medida 2.- Introducción de un límite máximo en todas las deducciones autonómicas en el IRPF existentes en Castilla y León. Impacto previsto: 31,5 M€.

Las deducciones autonómicas en el IRPF, a pesar del límite de renta introducido por la Junta para tener derecho a las mismas, continúan dando lugar a injusticias importantes. Los ciudadanos y ciudadanas sin rentas o con rentas más bajas no pueden beneficiarse de las deducciones porque no tributan por el IRPF y, los de rentas medias lo hacen en muchos casos por cuantías menores al máximo deducible. Además, dan lugar a una merma de la recaudación que la Junta cifra en 47,3 M€ para 2017, una cuantía que se ha incrementado de manera continuada en los últimos años.

Las deducciones, además, generan confusión y su efecto para potenciar las políticas que buscan es muy dudoso. Proponemos establecer un límite muy estricto a la cuantía máxima que un contribuyente pueda deducirse en relación a cada una de las deducciones autonómicas existentes, que lleve a disminuir la cuantía total de las mismas a un tercio de la actual. Esta medida permitirá mantener las deducciones, reducir muy destacadamente la merma de la recaudación que provocan y, asimismo, evitar el grueso de las injusticias entre contribuyentes, al limitar notoriamente su impacto sobre aquellos que reúnen las circunstancias para beneficiarse de ellas.

Medida 3.- Disminución de la reducción general existente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de 300.000 euros a 90.000 euros. Impacto previsto: 65 M€.

Actualmente el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos está exento para los primeros 300.000 euros. Nuestra propuesta para reformar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones incluye el establecimiento de una reducción general notablemente más baja que la actual: 90.000 euros, con un límite que sería mayor en los casos de la sucesión de vivienda

habitual, para los sucesores menores de 21 años y para los sucesores con discapacidad. Se mantendrían, asimismo, las bonificaciones prácticamente totales para la sucesión de explotaciones agrarias o empresas familiares, aunque el porcentaje de reducción se rebajaría del 99% al 98%. Por tanto, con carácter general, las herencias inferiores a 90.000 euros no tributarían, y las superiores a dicha cuantía tributarían aplicándose la escala progresiva del mismo solo a partir de los 90.000 euros.

Medida 4.- Reforma del Impuesto sobre Patrimonio, para dotarlo de una mayor capacidad recaudatoria. Impacto previsto: 30 M€.

Actualmente, el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio es de 700.000 €, más 300.000 € por vivienda habitual, por lo que en la práctica alcanza 1.000.000 €. Proponemos una reforma en dos sentidos: en primer lugar, lo más importante, es reducir el mínimo del impuesto hasta los 300.000 €, más 300.000 € por la vivienda habitual. En segundo lugar, proponemos un incremento de los tipos impositivos en un 5%, en la línea de lo planteado por el grueso de las Comunidades Autónomos que han introducido reformas del impuesto. No obstante, los tipos impositivos y, en particular, el tipo marginal máximo de Castilla y León continuaría siendo sensiblemente inferior al de CCAA del entorno como Asturias, Galicia y Extremadura, lo cual minimizaría el problema de la posible movilidad de las bases imponibles tras la reforma.

Con el Impuesto de Patrimonio que proponemos, se gravaría el primer tramo, por encima de los 300.000 € de base imponible más 300.000 € de vivienda habitual con un tipo impositivo de 0,21% en lugar del 0,20%; por encima de 467.129,45 € con un tipo del 0,32% en vez del 0,30%; y así sucesivamente, hasta gravar un 2,63%, en lugar de un 2,50%, el tramo por encima de los 10.995.996 € de patrimonio.

Medida 5.-Desarrollo de una fiscalidad medioambiental específica que alcance el 0,25% del PIB, desde el 0’13% actual, mediante la introducción de nuevos impuestos medioambientales que graven efectos externos negativos. Impacto previsto: 66 M€

En 2012, la Junta introdujo el Impuesto sobre Afección Medioambiental de Instalaciones, que grava la producción de energía hidroeléctrica y eólica y el transporte de energía eléctrica de alta tensión, y que permite recaudar alrededor de 64 M€. Introdujo también un Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos, con una recaudación prevista de 11 M€. En su conjunto, esta nueva fiscalidad medioambiental ofrece una recaudación al Presupuesto autonómico equivalente a alrededor del 0,13% del PIB de la Comunidad. Desde CCOO proponemos concretamente aplicar la fiscalidad sobre aspectos como la emisión de gases contaminantes, la contaminación de los recursos hídricos, la generación de residuos, las instalaciones, actividades y productos dañinos o peligrosos para la salud, la contaminación acústica y los vehículos altamente contaminantes.

Medida 6.- Introducción de un Impuesto para las grandes superficies comerciales y la apertura de establecimientos comerciales en días festivos. Impacto previsto: 25 M€.

CCAA de nuestro entorno, como Aragón y Asturias, han establecido un impuesto específico sobre las grandes superficies comerciales. Bajo parámetros similares, este impuesto permitiría recaudar en Castilla y León entre 15 M€ (caso de aplicarse un impuesto similar al de Aragón) y 20 M€ (siguiendo el caso de Asturias). Las grandes superficies cuentan con ventajas competitivas muy importantes, que les llevan a ganar paulatinamente cuota de mercado en detrimento del pequeño comercio.

Consideramos que las grandes superficies y, en general, los establecimientos con licencia de apertura en los días festivos permitidos en la Comunidad habrían de pagar por ello un impuesto, con el cual parte de los beneficios extraordinarios que obtienen reviertan en la sociedad. Por ello, proponemos el estudio de la forma jurídica adecuada para implantar un impuesto sobre las grandes superficies y los establecimientos con este tipo de licencias de apertura en días festivos, con unos parámetros similares a los de Asturias.

Medida 7.- Impuesto sobre las pernoctaciones turísticas en la Comunidad. Impacto previsto: 9 M€.

De acuerdo con los datos de la Junta de Castilla y León, cada año hay más de 10 millones de pernoctaciones turísticas en nuestra Comunidad. Proponemos el establecimiento de un pequeño impuesto, que repercutiría sobre los turistas cuya recaudación podría contribuir a mejorar los servicios y equipamientos existentes y a crear empleo.

El impuesto sería de 0,6 € por persona y día, más un 1% del valor de la pernoctación. Asimismo, se establecerían dos temporadas. Una temporada alta, que incluiría las fechas de mayor ocupación, en la que el impuesto se pagaría sin bonificaciones. Dado que son fechas con demanda y ocupación alta, el incremento del precio no afectaría apenas al número de visitantes. Por otro lado, una temporada general, que incluiría el resto de fechas, en la que el impuesto se pagaría sólo las dos primeras noches para no penalizar las estancias largas fuera de temporada donde la ocupación es baja.

Medida 8.- Plan contra el Fraude Fiscal en Castilla y León, impulsado por la Junta bajo la coordinación con la Agencia Tributaria. Impacto previsto: 80 M€.

De acuerdo con los estudios realizados sobre el tema, la economía sumergida da lugar a un fraude fiscal que, a su vez, se traslada a una pérdida de recaudación fiscal de entre 67.000 M€ y 88.000 M€ a nivel estatal, lo cual supone más del 20% de la recaudación fiscal total. Aplicando estos parámetros al caso de nuestra Comunidad, se obtiene que los ingresos que nutren el Presupuesto de la Junta se estarían resintiendo en alrededor de 1.020 M€ como consecuencia del fraude fiscal, fundamentalmente el que tiene lugar en los impuestos de mayor peso en el Presupuesto autonómico, como el IVA y el IRPF.

El cumplimiento de este objetivo le permitiría a Castilla y León obtener recursos, directamente a través de los ingresos por impuestos propios o de los impuestos cedidos, por importe de alrededor de 256 M€. Alcanzar, en un plazo de 2 años, el 35% de este objetivo, con una dotación extraordinaria de medios que ronde los 10 M€, ofrecería un impacto recaudatorio de unos 90 M€, y un beneficio neto de unos 80 M€.