Los sindicatos reivindican un gran pacto autonómico para la reconstrucción económica y social de Castilla y León al final de la pandemia

    La edición de este año 2020 del Día de la Comunidad de Castilla y León va a ser muy diferente debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en toda la sociedad. Pese a que la cita festiva y folclórica, clásica de la campa de Villalar, en esta oportunidad no se va a reeditar, la reivindicativa sigue adelante. De ahí que los dos sindicatos más representativos en este territorio, por voz de sus dos secretarios generales, Vicente Andrés (CCOO-CyL) y Faustino Temprano (UGT-CyL) no han querido dejar pasar una fecha tan significativa para clamar bien alto la imperiosa necesidad de activar un “gran pacto autonómico” para la reconstrucción económica y social de Castilla y León una vez pase esta pandemia.

    22/04/2020.
    Fotos CCOOCyL.

    Fotos CCOOCyL.

    “En él tendrán cabida la Junta, los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales, y los principales agentes sociales y económicos de Castilla y León. Será un pacto coyuntural, para los años 2020 y 2021”, han remarcado ambos dirigentes sindicales. Adjuntamos la declaración elaborada por las dos organizaciones con motivo del 23 de abril.

    Ante todo, y en consonancia con la realidad que nos asola desde hace ya varios meses, nuestro secretario general ha dejado bien patente que en estos momentos “nuestro compromiso principal se centra en la lucha, todos juntos, contra la pandemia sanitaria”. Para incidir en que esta crisis “va a provocar un cambio notable en la forma de vivir de la ciudadanía, en el modelo productivo y en las relaciones laborales”, ha remarcado.

    Las previsiones a futuro para el empleo y la economía son duras: entre el 8 y el 13% de caída del PIB y una tasa de desempleo de entre el 21 y 22% para este año, lo cual va a provocar una grave crisis social y económica a la que tenemos que hacer frente. “Queramos o no queramos, nos tenemos que preparar para estos nuevos desafíos. Sin olvidar que todos tendremos que arrimar el hombro para lograrlo: trabajadores, empresarios y administraciones, cada cual según sus posibilidades. Tenemos que incrementar los ingresos como sea para reactivar la economía y para nada debemos volver a soluciones como las de la crisis del 2008, basada en un austericidio que aún lo estamos pagando la clase trabajadora”, ahonda Andrés.

    En esta senda, Vicente Andrés ha indicado que el gasto público debe ejercer de motor con el objetivo de proteger a las familias y a las empresas. “El Estado del bienestar no debe quebrar. Es por ello que nuestro Gobierno de la nación y la Junta están obligados a cuidar a toda la ciudadanía”

    Frentes de actuación

    Vicente Andrés ha indicado que tres son los ámbitos donde se debe hacer especial hincapié en esta Comunidad: una defensa a ultranza de lo público, sobre todo de la sanidad; defensa de nuestros mayores y todo lo relativo a la dependencia; y por último, una reconstrucción económica y social.

    “Los acontecimientos nos han hecho ver la imperiosa necesidad de destacar el sistema público sanitario que tenemos y la excelente labor que están llevando a cabo los profesionales sanitarios. Pero lo básico es que debe mejorar mucho”, subraya Andrés. Al hilo de este tema, nuestro compañero ha querido poner en valor la sanidad pública. “tenemos la obligación de velar por su futuro y correcto funcionamiento. Hay que atajar su déficit y dotarle de los medios necesarios para su fortalecimiento”, garantiza.

    Hasta la llegada de la crisis por el coronavirus Castilla y León estaba al frente de la valoración de la dependencia en España. Las 100.000 personas dependientes en nuestra Comunidad recibían un trato altamente valorado, pero con la presencia de la COVID-19 se ha puesto de manifiesto que el sistema de la dependencia ha quebrado. Nuestros mayores han sido los principales “paganos” de la crisis, de ahí que haya que actuar de inmediato. “Tenemos que actuar con urgencia sobre la dependencia, y esto requiere un consenso interinstitucional en el que estén la Junta, los ayuntamientos, las diputaciones, los responsables de las residencias públicas y privadas, y los sindicatos para proteger a las personas mayores”, redunda en ello nuestro secretario general.

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