Este riesgo ya fue advertido cuando se nos presentaron en verano las bases reguladoras de los dos programas. Las sentencias judiciales daban una coartada perfecta para reducir a la mínima expresión los criterios que valoraran la calidad, la experiencia o la implantación en el territorio de las entidades. Además de romper el carácter regional de los planes, que exigía la atención a todas las provincias en cada proyecto.
A falta de estos criterios se consideran principalmente otros, casi siempre no relacionados con el servicio que se presta. Y en estas convocatorias para trabajadores, se impone el de la atención del medio rural que, siendo relevante, no debería desdibujar los objetivos para los que se proyectan estas dos líneas, que es atender a las personas asalariadas.
Si se trata de atender prioritariamente a los trabajadores asalariados, no puede desconocerse que en su mayoría viven en municipios de más de 5.000 habitantes. Si el criterio da la mayor puntuación a dirigir la oferta allí donde no están los trabajadores, es claramente un criterio erróneo. Y si hay empresas que, buscando la mayor puntuación, dirigen ahí sus planes es claro también que no hay ánimo de prestar un servicio, sino de llevarse a toda costa y a cualquier precio una subvención, que difícilmente se va a poder ejecutar, salvo mediante fraude, porque no hay trabajadores suficientes en las localidades de menos de 5000 habitantes para absorber el volumen de formación que se les viene encima.
Los desequilibrios entre provincias eran inevitables con la convocatoria que se propuso. Y aún no se conocen en todo su alcance. Porque los planes así llamados regionales pueden dirigirse solamente a dos provincias. De manera que es muy posible una concentración aún mayor de esta oferta.
Los planes de carácter regional tenían hasta el momento que asegurar un mínimo de formación por provincia, que ahora se ha perdido. Los planes de carácter provincial profundizan en el desequilibrio porque no puede garantizarse que haya solicitudes en todas las provincias, por lo que los recursos preasignados a cada una de ellas quedan desiertos, este año, en Palencia, Ávila y Segovia.
Los trabajadores ocupados, como demuestran los datos de bonificaciones a la Seguridad Social por formación, tienen muy escasa atención formativa por sus empresas, especialmente cuando se trata de empresas medianas y pequeñas, que son la mayoría de nuestro tejido productivo. En ese contexto la formación de oferta es la única vía que tienen estos trabajadores para formarse.
Este año 2022 las transferencias del Estado para formación de ocupados han sido muy importantes, como también ha sucedido con las partidas para formación de personas desempleadas. Sin embargo, como resultado de las convocatorias publicadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, habrá menos formación que nunca, y probablemente la prevista quede en buena medida sin ejecutarse.